En 1985, el PRI obtuvo más de 60% de los votos en la elección intermedia, consiguiendo 289 de los 400 diputados que se tenían entonces. El único partido de oposición que realmente se notaba era el PAN, que no llegó a 16% del voto y obtuvo apenas 41 diputados. Los demás partidos a duras penas llegaban a 3%.
En ese tiempo no había organismos electorales autónomos, ni mucho menos instancias legales para defenderse. Todo estaba en manos del régimen de la Revolución, que, aunque enfrentaba ya el derrumbe económico, seguía teniendo control político, no solo a través de estas instancias, sino mediante los grandes sindicatos, las alianzas con los empresarios y la presencia en todo el país.
Al año siguiente, el secretario de Gobernación promovió una reforma electoral para cerrar los caminos que se habían abierto con la reforma de 1977. Era, pues, una contrarreforma que garantizaría el control total al grupo gobernante, del que él esperaba ser líder único. Ya para entonces habían iniciado los asesinatos de alto nivel, con la muerte del periodista Manuel Buendía en 1984, y la del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. En ambos casos, la culpabilidad se atribuyó a la Dirección Federal de Seguridad, entidad dependiente de ese mismo secretario de Gobernación. Por si no lo recuerda, se llamaba Manuel Bartlett.
En ese momento, el régimen de la Revolución cumplía medio siglo en el poder, desde que Lázaro Cárdenas lo construyó combinando la mesa de negociación creada por Calles (el PNR) con las organizaciones corporativas que Cárdenas creó a imagen y semejanza de los movimientos totalitarios europeos, entonces de moda.
Con el control político que mostraron en 1985, la contrarreforma de 1986, y la casi total ausencia de oposición en la mayor parte del territorio, era claro que ese régimen que cumplía medio siglo iba rumbo al centenario, sin dificultad alguna.
No fue así. Al cierre de 1986 ocurrió una fractura en el PRI, y los expulsados, agrupados con el nombre de Corriente Democratizadora, decidieron lanzar como candidato al hijo del fundador del régimen, amparado en uno de esos partidos que a duras penas superaban 1% de los votos. Luego se sumaron un par más; luego se obligó a renunciar al candidato de “unidad” de la izquierda, y luego tuvimos unas elecciones cuyos resultados jamás conoceremos, pero transformaron por completo el panorama. Diez años después, México iniciaba la transición a la democracia con un instituto electoral ciudadano, con instancias legales confiables y con una oposición que, al año siguiente, obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados.
Me pareció conveniente recordar este periodo porque estoy siendo acusado de optimista. Diversos lectores se niegan a aceptar que el intento totalizador de Morena ha fracasado. Argumentan que ese grupo tiene todo el control: presupuesto, órganos electorales y Poder Judicial. También insisten en que la oposición prácticamente no existe. Agregan que los mexicanos aguantan todo y nunca se rebelan. Hay mucho de razón en lo que me dicen, pero no toda.
La historia no se repite, y no verá usted a la oposición organizarse alrededor de un hijo del fundador de Morena. Tal vez ahora la crisis económica no ocurra antes de la elección intermedia, sino después. No creo que haya una Corriente Democratizadora en el movimiento excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente que está ahora en el poder. Pero creo que, por las características mencionadas, este movimiento es mucho más débil de lo que era el PRI hace 40 años, mientras que el escenario actual es considerablemente más complicado.
Como ocurre con los cárteles, las segundas versiones suelen ser más peligrosas, producto de esa voracidad e incompetencia. Así que no creo que deban acusarme de optimista. No hay que olvidar que todo, siempre, puede empeorar.
