Ya si vamos a echarnos de cabeza en la polémica que el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere alimentar con respecto a la intromisión de Estados Unidos, que una vez más se habría llevado a un ciudadano mexicano por sus pistolas, es inevitable insistir en las responsabilidades locales, es decir, incluida la del presidente de la República con autoridad indisputada en Morena.
A Ismael El Mayo Zambada se lo llevaron el 25 de julio de 2024, pocos días antes de que a Andrés Manuel López Obrador le quedaran solo dos meses en el poder. A diferencia de otros presidentes de México en esa etapa de su respectivo sexenio, él no había perdido influencia, margen de maniobra, autoridad, control o siquiera espacio mediático frente a su inminente sucesora. No lo ha perdido hasta hoy, de hecho.
La noticia de la sustracción de El Mayo, por una traición del hijo de su exsocio Joaquín Guzmán Loera, fue un golpe bajo a AMLO, a su relación con Joe Biden y/o el embajador Ken Salazar, y a su supuesto control del actuar de agentes de EU en nuestro país; pero también a sus propios mecanismos para hacerse de información, sobre todo en un asunto que implica a la seguridad nacional pues supondría una injerencia del vecino del norte y una transgresión a varias leyes.
En el sexenio que fue del 1 de diciembre de 2018 a octubre del 2024, no hubo morenista que se rebelara al presidente y pudiera vivir, políticamente hablando, para contarlo. Ricardo Monreal intentó algo de autonomía y le cayó un frío glacial que le hizo entender su realidad de sumisión obligada. Y entonces se narraban casos como el de Arturo Herrera, al que le retiró la promesa de que iría al Banco de México porque, supuestamente, autorizó partidas (obligadas en la ley) a un estado con gobernador de oposición, en días previos a una elección.
Y en sentido contrario, no hubo escándalo de alguno de los suyos que el presidente no asumiera como propio a fin de no entregar a alguien que a él importara. Amor con amor se paga en todo su esplendor, se llamara Segalmex, huachicol, caída del Metro capitalino, etcétera.
Para cuando sucedió el rapto de Zambada, que para más escándalo incluyó el asesinato de Héctor Melesio Cuén, con poder y visibilidad como jefe político de la UAS y opositor en esas fechas a Rubén Rocha, AMLO era un político curtido en crisis y hasta emboscadas.
En 2004 sobrevivió a los videoescándalos que en marzo de ese año le propinaron como jefe del entonces Distrito Federal. Primero fue el de Gustavo Ponce, su jefe de finanzas grabado jugándose en Las Vegas montos impensables para un gobierno que presumía honestidad. Y a los dos días, varios obradoristas fueron exhibidos recibiendo de Carlos Ahumada fajos de dólares, desde René Bejarano hasta Carlos Ímaz.
La reacción inmediata de AMLO fue preguntar a sus colaboradores que quién más estaba grabado o había tenido tratos con Ahumada. El paralelo es obligado: ¿a las cuántas horas le preguntó Andrés Manuel a Rocha qué había pasado el 25 de julio? ¿El tema no fue abordado por ambos el 10 y el 25 de agosto de ese año, cuando el expresidente y la presidenta electa visitaron al gobernador sinaloense en su tierra?
AMLO tuvo aún dos meses de reuniones con su gabinete de seguridad luego del rapto: ¿Audomaro Martínez, del Centro Nacional de Inteligencia; Rafael Ojeda, de la Semar; Luis Crescencio Sandoval, de Sedena, y Alejandro Gertz Manero, de la FGR, no alcanzaron a decirle nada de nada?
Si así fue, si el gabinete de seguridad fue agarrado en Babia ese 25 de julio, y si en dos meses no pudieron armarle una relatoría más o menos clara de responsabilidades, entonces lo que AMLO y Rocha hayan hablado se vuelve hoy aún más relevante.
Nadie les va a creer, al anterior gobierno y a los del actual (que son básicamente los mismos) que el malévolo sombrerudo de Ken Salazar, tan ladino siempre (se les dijo), los engañó, y que sobre él hay que lanzarse.
Salazar es un niño de pecho comparado con el Peje… o con Rocha.
