El próximo primero de julio comienza, formalmente, la primera revisión conjunta del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá, un acontecimiento de enorme alcance para el futuro económico del país. El Tratado entre los tres países entró en vigor el primero de julio de 2020, y cuando se firmó fue acordado algo inusual en este tipo de acuerdos: que no quedaría vigente de manera indefinida y automática, sino que a los seis años de operación los tres gobiernos tendrían que sentarse a revisarlo en conjunto y decidir su destino. Ese mecanismo, previsto en el artículo 34.7 del propio tratado, es lo que se activa ahora. Los tres países deben determinar si renuevan el acuerdo por dieciséis años más, hasta 2042, o si abren un periodo de revisiones anuales que, de no alcanzarse consenso, podría conducir a la terminación del tratado en 2036. Dicho de otro modo, lo que arranca el primero de julio es el proceso que definirá si la arquitectura comercial sobre la que descansa buena parte de la economía mexicana se consolida por una generación o entra en una etapa de incertidumbre prolongada.
Desde septiembre del año pasado los tres países abrieron consultas públicas para recoger las opiniones de empresas, cámaras, organizaciones y especialistas, y a partir de ahí cada gobierno fue construyendo la posición con la que llega a la negociación; la Secretaría de Economía dedicó los meses siguientes a integrar esos insumos en una postura nacional. La fecha de julio, entonces, no es el final de una conversación sino el comienzo formal de la más importante: la que sostienen los tres gobiernos cara a cara. Y llega rodeada de ruido. La administración estadounidense ha hecho de la amenaza arancelaria un instrumento cotidiano de negociación, los plazos se han adelantado y tensado, y buena parte del comentario público mexicano se ha dejado arrastrar por una lógica de sobresalto permanente. Conviene, sin embargo, leer el momento con la frialdad que merece, porque debajo del ruido hay una señal que México haría mal en no escuchar con atención: lo que está en juego en esta es la confirmación de cuál es, en realidad, el activo competitivo que el país puede ofrecer al capital global en una década de fragmentación.
Durante años el relato sobre la atractividad de México descansó en argumentos conocidos: la vecindad geográfica con el mercado más grande del mundo, una base manufacturera consolidada, costos laborales competitivos, una red de tratados sin paralelo. Todo ello sigue siendo cierto y sigue importando. Pero el reacomodo de las cadenas globales de valor que llamamos nearshoring ha desplazado el eje de la decisión de inversión hacia un terreno menos tangible y mucho más decisivo: la previsibilidad. En un entorno donde el capital se mueve huyendo de la incertidumbre geopolítica, donde la guerra comercial entre las grandes potencias ha vuelto frágiles supuestos que parecían eternos, lo que las grandes corrientes de inversión buscan antes que cualquier incentivo fiscal es certeza. Certeza sobre las reglas, sobre los plazos, sobre la estabilidad macroeconómica, sobre la solidez de las instituciones que arbitran los conflictos. La certidumbre se ha vuelto el bien más escaso del comercio internacional, y por lo mismo el más valioso.
México llega a la mesa de revisión con un argumento que las cifras respaldan con una contundencia que el ruido tiende a opacar. En el primer trimestre de este año la inversión extranjera directa alcanzó un máximo histórico de 23 mil 591 millones de dólares, con un crecimiento anual de 10.4 por ciento, y con Estados Unidos consolidado como el principal país de origen, con flujos que crecieron más de 23 por ciento. Esa cifra no es un dato aislado ni una casualidad estadística: es la expresión cuantificada de una apuesta. Como ha señalado el secretario de Economía, los capitales internacionales están leyendo que México conservará una posición privilegiada dentro de la integración norteamericana, y esa lectura, más que cualquier declaración oficial, es la que mueve a los inversionistas a comprometer recursos de largo plazo precisamente en el momento de mayor incertidumbre aparente. El mercado, que rara vez se equivoca cuando arriesga su propio dinero, está votando por la permanencia y el fortalecimiento del tratado. Está votando, en el fondo, por la certidumbre que México ofrece.
Esa certidumbre no es un don de la geografía ni una herencia automática. Se construye desde la conducción del Estado. La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido una política de disciplina fiscal, respeto a la autonomía del banco central y estabilidad cambiaria que ha funcionado como ancla en un periodo de turbulencia regional, y ha conducido la preparación de la revisión con una madurez negociadora que merece reconocerse: meses de consultas con los sectores productivos, integración técnica de una posición nacional, y una diplomacia comercial que ha preferido el trabajo silencioso de resolver controversias pendientes al gesto espectacular que tranquiliza a la galería pero no construye nada. Es la diferencia entre administrar la relación con vecindad inteligente y dramatizarla. México ha elegido lo primero, y los resultados acompañan esa elección.
Pero la certidumbre, para que sea verdaderamente un activo competitivo, necesita demostrarse en el territorio. No basta con que las variables macroeconómicas sean sólidas si el inversionista que decide instalarse no encuentra, al aterrizar, la infraestructura, la coordinación institucional y la ejecución que vuelven real la promesa. Y es aquí donde el argumento nacional se aterriza en lo regional, donde la tesis abstracta se vuelve obra concreta. Yucatán se ha convertido, en este sentido, en un ejemplo nacional de que la certidumbre se ejecuta.
La expansión del Puerto de Altura de Progreso, con sus fases sucesivas de profundización y ampliación (la pasada semana inició una inversión privada de 948 millones de pesos por parte de una filial de una empresa Americana) , la articulación logística que conecta al sureste con las cadenas de valor del Golfo y del Caribe, la inversión sostenida en infraestructura estratégica bajo una conducción estatal que entiende su papel al construir a partir de la inversión en infraestructura pública una palanca de atracción de inversión privada, configuran un caso donde la previsibilidad deja de ser discurso y se vuelve grúa, dragado y empleo.
El sureste, históricamente al margen de los grandes flujos de inversión manufacturera, se incorpora así a la conversación nacional sobre nearshoring como plataforma activa, ofreciendo precisamente lo que el capital busca: reglas claras, ejecución confiable y una visión de desarrollo que da continuidad a los proyectos más allá de los ciclos políticos.
La revisión que comienza el primero de julio será, sin duda, un proceso exigente, con momentos de tensión y negociación dura. Pero México haría bien en encararla no desde la defensiva del país que teme perder, sino desde la confianza del país que tiene algo valioso que ofrecer y lo sabe. La certidumbre es nuestro activo. Construirla cuesta años de disciplina e instituciones sólidas; demostrarla exige ejecución en cada puerto, cada corredor y cada región que se incorpora al esfuerzo. Y mantenerla, que es lo más difícil, dependerá de que sigamos entendiendo, en la mesa de la revisión y en cada decisión de inversión, que en un mundo donde casi nada es seguro, ofrecer certeza es la ventaja competitiva más poderosa que un país puede tener. El equipo México tendrá éxito en la renegociación del tratado.
