Hay una conversación que necesitamos tener con más honestidad sobre la educación en México: gastar más no necesariamente significa transformar más. Durante los últimos años, las transferencias sociales han adquirido un peso cada vez mayor en la política pública. En educación, las becas son hoy una de las principales herramientas para apoyar a las familias. Es una política necesaria. Una familia que enfrenta dificultades económicas puede encontrar en una beca un apoyo importante para que sus hijas e hijos continúen estudiando. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿qué sucede después de entregar la beca?
Porque una cosa es reducir una barrera económica y otra, muy distinta, es garantizar que una persona tenga mejores oportunidades para transformar su vida. Una beca puede ayudar a que una niña llegue a la escuela, pero no garantiza que aprenda en ella. Y aquí está una distinción que, como sociedad, necesitamos hacer: gasto social no es lo mismo que movilidad social.
La movilidad social ocurre cuando las condiciones de vida y las oportunidades de una persona pueden mejorar respecto de las de su familia de origen. La educación puede ser uno de los mecanismos más poderosos para lograrlo. Pero solamente cuando esa educación realmente desarrolla capacidades. Por eso, el éxito de una política educativa no puede medirse únicamente por el número de estudiantes que reciben una transferencia, ni mucho enaltecer a ninguna autoridad anunciando el logro.
¿Todas las niñas y niños comprenden lo que leen? ¿Pueden resolver un problema matemático? ¿Pueden expresarse, argumentar, investigar y tomar decisiones? ¿Terminan la secundaria? ¿Llegan al bachillerato y lo concluyen? ¿Pueden continuar estudiando o incorporarse a un empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida? Ahí está la movilidad social. El problema no es que tengamos becas. El problema sería creer que las becas, por sí solas, pueden sustituir una política educativa.
En 2026, por ejemplo, la Beca Universal de educación básica Rita Cetina contempla un apoyo de 1,900 pesos bimestrales por familia con al menos una niña, niño o adolescente inscrito en educación básica, con 700 pesos adicionales por cada estudiante en secundaria. Si la familia es de nuevo ingreso se le otorgarán este año únicamente 2,500 pesos, por cada hijo en primaria. La beca Benito Juárez para educación media superior también representa 1,900 pesos bimestrales, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5,800 pesos cada dos meses a estudiantes de educación superior en condiciones de vulnerabilidad. Son cantidades relevantes para las familias y representan una decisión presupuestaria de enorme dimensión.
Precisamente por eso tenemos derecho a hacer preguntas igualmente grandes. ¿Qué estamos comprando con cada peso público? Una beca puede remover una barrera económica. Una buena escuela puede remover una barrera de aprendizaje. Un buen docente puede remover una barrera de comprensión. La evaluación puede permitirnos identificar a tiempo a quienes se están quedando atrás. La formación docente puede fortalecer las capacidades de quienes están frente al aula. Y una política de recuperación de aprendizajes puede evitar que una dificultad a los ocho años se convierta en rezago, abandono o exclusión a los 16.
No deberíamos tener que elegir entre una cosa y la otra. Necesitamos ambas. Porque si una niña recibe una beca, pero llega a cuarto de primaria sin comprender lo que lee, la política social habrá ayudado a sostener su presencia en la escuela, pero la política educativa todavía le habrá fallado en algo fundamental: garantizar su derecho a aprender. Por eso, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, no deberíamos conformarnos con que todas y todos tengan acceso a una escuela o reciban el mismo apoyo. La verdadera igualdad comienza cuando todas y todos tienen la posibilidad de aprender.
El Estado tiene una responsabilidad enorme en ello. Las becas no son un acto de generosidad. Son parte de una política social y, en determinados casos, de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación con equidad. Pero esa responsabilidad no termina con la transferencia. También implica asegurar que las escuelas funcionen, que haya docentes acompañados y formados, que existan mecanismos para saber qué están aprendiendo las y los estudiantes, que se atienda a quienes se están quedando atrás y que las decisiones presupuestarias respondan a los resultados que queremos alcanzar.
Porque desafortunadamente, hoy tenemos claro algo, puede haber más estudiantes dentro del sistema, pero no necesariamente más aprendizajes; más recursos transferidos, pero no necesariamente más oportunidades; más gasto social, pero no necesariamente más movilidad social.
No se trata de gastar menos. Se trata de exigir más. Dejar de preguntarnos únicamente cuánto dinero estamos destinando y empezar a preguntar qué capacidades estamos construyendo. Dejar de celebrar solamente cuántas personas reciben un beneficio y mirar también cuántas están logrando transformar sus trayectorias. Dejar de medir el éxito por la entrega y empezar a medirlo por los resultados.
Una política social responsable ayuda a que una familia pueda sostener la educación de sus hijas e hijos. Una política educativa responsable se asegura de que, mientras están en la escuela, aprendan aquello que necesitan para construir su propio futuro.
Una beca puede ayudar a que una niña llegue más lejos, pero sólo el aprendizaje puede darle las herramientas para llegar a donde quiera. Ese debería ser nuestro verdadero objetivo, porque gastar más puede ser una decisión de presupuesto, pero convertir ese gasto en inversión y en oportunidades reales es una decisión de política pública. Y estamos muy lejos de que México se coloque en esa conversación.
