Las presiones de Washington se concretaron y cayó El Mencho. Un éxito que puede resultar en un revés para la narrativa que asegura que la presidenta de México tiene miedo y es prisionera de los cárteles de la droga. También se desdibuja la historia de que los delincuentes gobiernan al país, sin que ello implique desconocer su presencia territorial. Pero la muerte de este personaje paradójicamente deja sin argumentos a Donald Trump y a su círculo duro para utilizar al país como piñata y que le auguraba buenos dividendos electorales. A su vez, atenúa el riesgo de una intervención directa de las fuerzas armadas estadunidenses en territorio mexicano para atacar a los criminales. Otro golpe a su argucia electoral, cuyo fin es mantener unidas a sus huestes.
En cambio, para la jefa del Estado mexicano es un éxito rotundo, al menos a corto plazo. Ahora bien, para evaluar si este golpe magistral contra el crimen organizado es fugaz o tiene un impacto a largo plazo, cabe considerar otros elementos. Para conjurar la amenaza de Trump y los riesgos para México, es necesario contener la violencia que suele ocurrir con la decapitación de un delincuente conspicuo. La lucha por el liderazgo del grupo es cruenta cuando se elimina al cabecilla principal, como ha ocurrido desde la época del expresidente Felipe Calderón. Hoy, el gobierno de México tenía una estrategia diferente antes de dar un golpe a ese líder. El propósito previo al escalamiento hasta El Mencho consistía en debilitar a sus brazos armados, comerciales y financieros. Pero Marco Rubio, del Departamento de Estado, entre otros funcionarios estadunidenses, se opuso a esta estrategia gradual. La disyuntiva parecía ser la siguiente: si México no actúa, lo hará Estados Unidos.
Cabe reconocer el camino andado porque falta mucho por recorrer. La historia cuenta que cuando se decapita a una de estas organizaciones, se pulveriza y la violencia se recrudece: inicia una feroz lucha entre los segundos a bordo y los grupos criminales rivales que intentan sacar ventaja del árbol caído, del grupo que se ha debilitado. Al mismo tiempo, los entes criminales pierden capacidad logística y financiera y se enfocan en delitos patrimoniales: robos, secuestros, cobro de piso… Guardando las diferencias, algo revela lo ocurrido en Sinaloa. Después de la captura de El Chapo, El Mayo Zambada quedó al frente. Su captura posterior desató la guerra en este estado. Es una historia común, pero este caso presenta una diferencia radical a lo sucedido con el CJNG. El cártel de Sinaloa inició una “guerra civil” entre los delincuentes porque los hijos de El Chapo traicionaron a los Zambada. El suceso explica la guerra que ya dura meses sin visos de tener fin.
Otro factor fundamental que cabe observar es que el gobierno actual marca distancia de su predecesor. Acabó la permisividad con los grupos criminales. López Obrador justificó su estrategia de abrazos y no balazos porque, desde su perspectiva, los delincuentes carecen de oportunidades para conducirse con rectitud. Si bien es cierto que la falta de opciones económicas puede estar detrás de ciertas conductas ilícitas, sobre todo en casos extremos, los estudios revelan la falta de sustento de esa hipótesis (La relación entre desigualdad y crimen, Pobreza como indicador de generación de la violencia, etc.), porque la pobreza no es un incentivo para delinquir. Equivale a considerar a las personas de escasos recursos como potenciales delincuentes. Al aceptar la premisa de que los criminales son víctimas del sistema económico, se corre el riesgo de criminalizar a los pobres por su condición. Según el INEGI (2024), 38.5 millones de personas vivían en pobreza multidimensional (29.6% de la población), pero no participaban en actividades criminales.
El crimen organizado opera como empresa criminal y militarizada, con estructuras jerárquicas, mercados ilícitos y estrategias de expansión que van mucho más allá de la necesidad económica. Factores como la desigualdad, la corrupción institucional y la impunidad son más determinantes que la pobreza, coinciden los estudios del caso. En suma, la narrativa que reduce el narcotráfico a un efecto de la pobreza es simplista y peligrosa. La evidencia muestra que la pobreza es un contexto de vulnerabilidad, pero no una causa directa de la violencia.
Otro elemento que conviene destacar es que el abatimiento de El Mencho podría ser augurio de la decisión de romper los lazos de la política con el crimen. Se presume que elementos destacados de Morena estarían vinculados a los delincuentes, pero los criminales regentean amplias regiones del país en donde gobiernan miembros de todos los partidos políticos. En muchos casos, sobre todo en municipios alejados y pobres, la disyuntiva es colaborar con la mafia o morir. Esto revela la debilidad institucional y el abandono del Estado de amplias regiones de México. El mayor obstáculo para consolidar la posible separación de la política y la delincuencia es la impunidad. ¿Se investigará a mandos políticos denunciados con presuntos vínculos?
Hay otros riesgos muy delicados relacionados con la estrategia de decapitación de los grupos delincuenciales. El mayor es que, en un escenario donde los criminales inicien una guerra por el liderazgo del CJNG (que puede extenderse a más de la mitad de las entidades del país) o cometan actos terroristas a la luz del próximo mundial de fútbol, estarían en juego nuestros derechos y libertades. En este contexto, conviene obviar la tendencia de consolidación de un Estado punitivo. Diversas leyes, particularmente la prisión preventiva oficiosa, apuntan en esa dirección. El peligro se acrecienta por el desmantelamiento del Poder Judicial y la gran concentración del poder en el Ejecutivo federal.
El caso de Jalisco, centro del cártel, es particularmente delicado en esta hora, pues Guadalajara será una de las tres sedes del mundial de futbol. La guerra entre los miembros del cártel y el enfrentamiento con grupos rivales, ante el debilitamiento del CJNG, puede poner en riesgo la seguridad de la sede mundialista en esa ciudad. Asimismo, hay riesgo de que la violencia se extienda por los territorios de este grupo criminal, que se ha incrustado en 22 estados del país (también opera en 50 estados de EUA y 40 países del mundo, acorde con la DEA). El caso de El Mencho es paso importante en la ruta correcta, pero insuficiente. Como se aprecia, mucho está en juego. El éxito final del gobierno se medirá si contiene la violencia y recupera territorios en poder del crimen y si evita la tentación de restringir derechos y libertades ciudadanas, bajo el supuesto de un estado de crisis si escala la violencia criminal.
