En México, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) no surgieron por casualidad. Nacieron para atender aquello que el Estado no puede o quiere resolver, pero también para generar contrapesos al poder. Son ciudadanía organizada, sí, pero también con pensamiento crítico, evidencia y exigencia.
A nivel global, su papel es incuestionable. La Organización de las Naciones Unidas reconoce a la sociedad civil como un actor clave en la solución de los grandes problemas del mundo. Más de 5,500 organizaciones participan con estatus consultivo en el sistema internacional. En países como Estados Unidos, Suecia o Alemania, las ONGs no incomodan al poder, lo fortalecen al obligarlo a rendir cuentas.
En México, en cambio, la historia es distinta. Hace unos días, el Gobierno Federal les revocó el estatus de donataria autorizada a 270 organizaciones civiles. Entre ellas, destacan Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa y Mexicanos Primero.
La explicación oficial es técnica: incumplimientos administrativos, particularmente la falta de documentación que acredite que sus investigaciones son de carácter científico conforme a la ley. El SAT ha sido enfático en que no hay criterios políticos.
Y aquí hay un elemento que no puede ignorarse: curiosamente, muchas de las organizaciones afectadas son think tanks y centros de análisis que se han caracterizado por hacer crítica al gobierno con argumentos, con datos y con evidencia. No son organizaciones asistencialistas tradicionales; son instituciones que evalúan políticas públicas, señalan errores y proponen alternativas.
Ese detalle cambia por completo la lectura. Porque cuando la medida impacta, de manera coincidente, a quienes ejercen crítica informada, el mensaje deja de ser únicamente administrativo. Se convierte en una señal, una señal que puede interpretarse como un desincentivo a la crítica organizada.
La revocación del estatus de donataria no prohíbe operar, es cierto. Pero sí limita de manera importante su financiamiento, al eliminar el incentivo fiscal para quienes donan. En términos reales, es una forma de asfixia gradual.
Y eso tiene implicaciones profundas. En este contexto, cobra aún más relevancia el papel de iniciativas como la Red Social por México, una red que agrupa a múltiples organizaciones de la sociedad civil con un objetivo: generar cohesión entre ellas, amplificar sus voces, capacitarlas y visibilizar las causas que defienden. En momentos donde el entorno se vuelve más adverso, este tipo de articulaciones no solo fortalecen al sector, sino que lo protegen, construyendo comunidad frente a la fragmentación.
Porque una organización aislada puede ser vulnerable, pero una red articulada se convierte en un actor con mayor capacidad de incidencia.
Una democracia no solo se mide por elecciones libres, sino por la existencia de contrapesos reales. Los think tanks, las organizaciones de la sociedad civil y los centros de investigación cumplen precisamente esa función: generar evidencia, incomodar al poder y elevar la calidad del debate público.
Debilitarlos, aunque sea bajo argumentos técnicos, tiene consecuencias.
México enfrenta hoy una disyuntiva: tolerar y fortalecer la crítica, o generar un entorno donde cuestionar al poder tenga costos cada vez más altos. Porque si algo distingue a los países más avanzados no es la ausencia de crítica, sino su institucionalización. La crítica no debilita al gobierno. Lo que realmente lo debilita… es dejar de escucharla.
