La captura de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio de hace dos años fue el peor golpe que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio. El sentimiento en Palacio Nacional era el de una traición de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, porque no les anticipó lo que venía. El enojo en Palacio Nacional fue tan grande como las precauciones que le sugirieron tomar a López Obrador, porque con el paso de los primeros días los oscuros nexos entre su Presidencia y el Cártel de Sinaloa se fueron corroborando. Aquel episodio es un fantasma que sigue acosando al régimen y arrancándole la iniciativa a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una reconstrucción de aquel momento elaborada por exfuncionarios con acceso privilegiado muestra la frustración con Salazar, que a diferencia de lo que declaró a Ilia Calderón de N+ Univisión, que López Obrador nunca le tomó la llamada para darle explicaciones, fue él quien se escondió de los mexicanos. Aunque el embajador tenía derecho de picaporte en Palacio Nacional, su enlace permanente era el fiscal general Alejandro Gertz Manero, que tras la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, lo llamó insistentemente.
En las cinco ocasiones que lo hizo, Salazar no le respondió el teléfono, ni devolvió las llamadas. López Obrador bombardeaba a Gertz Manero con preguntas sobre lo que había sucedido, que no podía responder salvo con generalidades, por la falta de información. Poco después pudo aportar el primer dato sustantivo: la captura había sido pactada directamente por los dos con el gobierno de Estados Unidos, tras acceder a sus términos y condiciones.
La operación, comentó al presidente, debía de leerse como un fracaso del gobierno mexicano, que había quedado expuesto por una operación, confirmó Gertz Manero en subsecuentes comunicaciones con la Embajada de Estados Unidos, que fue planeada y ejecutada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Fue hasta ese momento en que les quedó claro que el embajador, como aseguraba, no sabía nada de la operación, ante el temor de que alertara a López Obrador de lo que se preparaba.
Para controlar el daño, López Obrador expresó a su equipo cercano su intención de declarar que la detención de Zambada y Guzmán López había sido resultado de un trabajo conjunto “inédito”, pero lo contuvieron por la advertencia de Washington de que si intentaba colgarse de la operación, el Departamento de Justicia o el de Seguridad Nacional lo desmentirían. Salazar les reiteró entonces que, contra la exigencia de López Obrador de que informaran lo que había pasado, Estados Unidos no tenían ninguna obligación de hacerlo, ni les debía nada, porque al ser una entrega pactada, no constituía ningún involucramiento o uso de recursos de su gobierno, que es la versión oficial hasta la fecha.
Lo único que sabían por Salazar era que su gobierno estaba decidido a asegurar 16 mil millones de dólares de activos de Zambada en empresas mexicanas y estadounidenses, que es una suma que coincide con el pago en reparación que pidió la fiscalía en la Corte del Distrito Sur de Brooklyn esta semana, que esperan conceda el juez cuando dicte la condena al exjefe del Cártel de Sinaloa del próximo lunes.
En esos días, Gertz Manero le dijo al presidente que estaba negociando con Salazar que toda la información que obtuvieran los departamentos de Estado y de Justicia sobre el involucramiento de su gobierno o de altos funcionarios con Zambada y el Cártel de Sinaloa, no se hiciera pública para evitar, como describió en Palacio Nacional, que “se incendiara la casa” y para encontrar una narrativa que evitara una crisis diplomática de dimensiones no previsibles.
Gertz Manero le dio información al presidente sobre el alcance de los nexos de las autoridades mexicanas con el Cártel de Sinaloa. Al menos 35 mandos altos y medios de la Secretaría de Seguridad –en ese entonces encabezada por Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación–, y de la propia Fiscalía General de la República, le daban protección a Zambada y colaboraban con el Cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas a la frontera con Estados Unidos, le dijo. Pero no fue sino hasta la difusión de una carta de Zambada el 10 de agosto, acusando al gobernador Rubén Rocha Moya de traición y aportando detalles de la operación, que inicialmente pensó que no le darían crédito por tratarse de un narcotraficante, que comprendió la dimensión de lo que había sucedido.
López Obrador cayó en cuenta de que iba a quedar sembrado en la cabeza de los mexicanos y los estadounidenses que El Mayo Zambada contaba con la protección de su gobierno. Ese golpe de realidad lo llevó a otra reflexión en su círculo cercano, según los exfuncionarios: su preocupación por el tipo de información que pudiera proporcionar Zambada al gobierno estadounidense para lograr una reducción de su pena, impunidad para su familia o, incluso, como venganza si sentía que su gobierno lo había traicionado o no le había dado el apoyo suficiente. Esto coincide con lo que escribió Salazar en su libro de memorias de próxima aparición, citando a un empresario que le confió la misma inquietud del expresidente.
A partir de ahí surgieron declaraciones repetidas de López Obrador de que él no estaba enterado de la operación para capturar al jefe del Cártel de Sinaloa, en un deslinde sobre lo que había sucedido en el rancho en Culiacán de donde lo extrajeron. El expresidente subió el tono de sus demandas de explicación, y pidió a Estados Unidos un “informe completo” sobre la captura.
Varias veces utilizó la mañanera para ventilar que su gobierno no había sido informado de que detendrían a Zambada y a Guzmán López, dejando claro, para sus audiencias mexicanas, que ellos también habían sido engañados.
Para entonces, López Obrador ya había tendido un velo de protección para Rocha Moya, y viajó a Culiacán para hacerse cargo personalmente del manejo de la crisis, obligando a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a acompañarlo junto con la alta jerarquía de Morena para un acto multitudinario donde el gobernador leyó un discurso escrito por el equipo del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas. Sheinbaum expresó en privado que estaba molesta por el espaldarazo a Rocha Moya, pero admitió que su espacio de maniobra era muy reducido para enfrentar las peticiones directas de López Obrador. Igual que hoy.
