Vivimos en un mundo sin precedentes, atravesado por amenazas y transformaciones. La política mundial transita de un orden sustentado en reglas hacia una competencia entre potencias. El derecho internacional ha perdido vigencia. Prevalece la fuerza. La democracia está en el centro de esta transformación, porque las instituciones son lentas para responder a problemas que surgen cada vez con mayor profundidad y rapidez. Hay, pues, que ampliarla y mejorarla. No bastan los comicios si no existen condiciones de vida digna. La democracia debe recuperar la capacidad para organizar instituciones que resuelvan conflictos, construir bienes comunes y distribuir el poder con auténtica representación ciudadana.
Hoy los partidos enfrentan esta crisis. Actúan ante nuevas realidades con viejas prácticas. No podemos seguir con la nostalgia de creer que será posible restaurar el orden político, económico y social del pasado. Tampoco podemos caer en la idea de que las condiciones del mercado nos transformarán y adaptarán, por sí solas, a las nuevas realidades.
Tenemos que enfrentar el cambio preservando los valores de la libertad, la igualdad, los derechos humanos, el pluralismo y los contrapesos del poder. Ya derrotamos regímenes autoritarios, ampliamos libertades, dimos cauce a la competencia política, fortalecimos los organismos electorales y logramos la alternancia. Pero nos quedamos con una democracia esencialmente electoral. Se creó y fortaleció el sistema de partidos, y sin ellos no hay democracia. Todos votan, pero muchos no encuentran empleo, viven con temor de salir a la calle, carecen de acceso a servicios de salud, a una mejor educación y a una justicia independiente. Así, el contenido de la democracia se va vaciando. No es que las elecciones sean irrelevantes; es que son insuficientes para garantizar una vida verdaderamente democrática.
Existe una estrecha relación entre el debilitamiento de los partidos y el deterioro de la democracia. Antes, los partidos eran canales de representación, de socialización, de formación de cuadros políticos, de gestión de demandas y de construcción de acuerdos para las políticas públicas y la gobernabilidad. Hoy han perdido base social, presencia territorial, democracia interna y vínculo con la ciudadanía. Ni siquiera los programas sociales pueden reconstruir un partido. Las redes sociales ampliaron la comunicación, pero también la polarización. La representación no puede restaurarse mecánicamente mediante partidos atrapados en prácticas del pasado.
Existe una sociedad heterogénea y multicultural, con demandas diversas: pueblos indígenas y afromexicanos, pequeños y medianos empresarios, mujeres, jóvenes sin oportunidades reales y trabajadores de toda índole, que no pueden ser representados por un solo partido. Los partidos modernos deben construirse articulando toda esa diversidad social. Deben transformarse; ya no pueden monopolizar la representación. Tienen que recorrer el territorio, aprovechar el espacio digital, utilizar los medios de comunicación y mantener una presencia permanente.
La ciudadanía necesita partidos de tiempo completo, no organizaciones que solo aparezcan en época electoral con campañas propagandísticas. Se requiere una presencia constante, acompañando a la sociedad en sus distintas causas y luchas. El miedo reorganiza las preferencias electorales. La democracia debe proteger a la sociedad, pero sin regresar a modelos autoritarios.
El populismo que hoy vive México tiene su origen en agravios reales: desigualdad y frustración. Pero esos agravios no pueden justificar un autoritarismo que concentre el poder y se vincule con la delincuencia. Reduce el pluralismo a traición, descalifica a los adversarios, destruye instituciones, sustituye la eficiencia por lealtades personales y erosiona la vida democrática.
Por ello debemos recuperar partidos representativos de todos los sectores sociales, donde el ciudadano mande y el político ejecute; donde la diversidad encuentre puntos de convergencia para recuperar el Estado de Derecho y a la República.
Hoy la Ciudad de México enfrenta un riesgo con el Plan General de Desarrollo, que concentra decisiones y recursos, minimiza atribuciones y capacidades de las alcaldías, otorga a las casas de gobierno facultades para expedir licencias, permisos y gestionar peticiones, debilita la representación vecinal, la sustituye por asambleas y permite el uso de suelo mixto en toda la ciudad durante los próximos 20 años. Si bien el proyecto debe ser aprobado por el Congreso local, los diputados no pueden modificarlo; cualquier cambio debe ser presentado por la Jefatura de Gobierno.
Se supone que hubo consultas públicas. Sin embargo, nadie del mundo académico ni especialistas reconocidos en urbanismo fueron convocados. Estamos, pues, frente a una nueva expresión de autoritarismo, incluso más severa que la de Uruchurtu en el manejo de nuestra capital. Alcemos la voz.
