La semana pasada, desde el Pleno de la Suprema Corte, la ministra Lenia Batres decidió hacer política fiscal, como si el máximo tribunal del país no tuviera suficiente con todos los rezagos que tiene.
Al discutirse si los recursos de la Afore de un trabajador fallecido deben pagar ISR —la Contradicción de Criterios 49/2026—, Batres fue más allá y propuso abrir el debate para gravar las herencias y los legados en México, con el argumento de que quien hereda recibe recursos “que no provinieron de su esfuerzo” y que ello reproduce desigualdades.
La presidenta Sheinbaum desactivó esa posibilidad el jueves: “no estoy de acuerdo” y “no abriría ese debate legislativo”. Hizo bien. Pero el episodio deja lecciones que conviene no dejar pasar, porque el daño de estas ocurrencias no se mide por su viabilidad legislativa, sino por la señal que envían.
Conviene precisar el punto de partida. La Ley del ISR, en su artículo 93, fracción XXII, exenta por completo los ingresos por herencia o legado, sin límite de monto. La única obligación, prevista en el artículo 150, es informativa: quien recibe más de 500 mil pesos debe reportarlo en su declaración anual para conservar la exención; omitirlo puede convertir el ingreso en gravable.
En el caso de inmuebles, el heredero paga el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, un gravamen local de entre 2 y 4.5 por ciento, más costos notariales. Y si después vende el bien heredado, sí paga ISR sobre la ganancia. Es decir, el régimen actual no es un paraíso absoluto, pero sí es benigno específicamente respecto a la transmisión patrimonial.
No siempre fue así. México gravó las herencias desde 1926 y derogó ese impuesto en diciembre de 1961. Desde entonces, todos los intentos por revivirlo han muerto en el Congreso o ni siquiera han llegado a discutirse.
Batres invocó a la OCDE: 24 de sus miembros gravan herencias y legados. Es cierto, pero no dijo que esos impuestos aportan apenas 0.5 por ciento de la recaudación total de los países que los cobran. Japón tiene la tasa marginal más alta del mundo, 55 por ciento; le siguen Corea del Sur con 50 y Francia con 45. Estados Unidos aplica 40 por ciento federal, pero con una exención tan amplia —13.6 millones de dólares— que el impuesto alcanza a una fracción mínima de los patrimonios.
La otra mitad de la historia es que la tendencia mundial va en sentido contrario: nueve países de la OCDE lo han abolido desde los años setenta, entre ellos Suecia, Noruega, Australia, Canadá y Portugal. Las razones son conocidas: es un impuesto que recauda poco, caro de administrar, fácil de eludir para los grandes patrimonios mediante fideicomisos y donaciones en vida, y que termina cayendo sobre las clases medias y las empresas familiares con activos pero sin liquidez.
Corea del Sur, el segundo lugar mundial en tasas, discute hoy reformarlo a la baja por sus efectos negativos sobre la competitividad. Si la meta es redistribuir, la evidencia internacional sugiere que éste es de los peores instrumentos disponibles.
Pero lo verdaderamente grave no es la debilidad técnica de la propuesta, sino su inoportunidad, como un factor de incertidumbre para la inversión.
En la semana del 20 de julio continúa en México la discusión sobre el T-MEC. La decisión de Estados Unidos de no extender su vigencia hasta 2042 y realizar revisiones anuales a partir de 2027, no ayuda a generar confianza. Apenas el miércoles, el FMI recortó su pronóstico de crecimiento para México de 1.6 a 1.2 por ciento este año. La inversión privada apenas va recuperándose tras más de año y medio de caídas. En ese contexto, que una ministra de la Corte —poder que no tiene facultades para crear impuestos, como ella misma admitió— plantee gravar el patrimonio familiar es exactamente el tipo de ruido que los inversionistas registran y no olvidan.
Peor aún si proviene de una ministra que eventualmente podría llegar a presidir la Corte.
El capital no lee sentencias completas: lee señales. Y la señal de que en el corazón del Poder Judicial, hay quien concibe los tribunales como instrumento de redistribución patrimonial, alimenta el temor de que las reglas del juego puedan moverse por vías distintas a la legislativa.
La asociación de juzgadores federales lo dijo con dureza: los tribunales no deben convertirse en oficinas de recaudación ni en agentes de agendas políticas.
Sheinbaum cerró la puerta, y eso es buena noticia.
En un país que necesita desesperadamente inversión, capital paciente y confianza en sus instituciones, el debate legítimo sobre cómo recaudar más debería empezar por la eficiencia del gasto y la ampliación de la base, no por ocurrencias redistributivas lanzadas desde una tribuna judicial.
La desigualdad en el país es real, pero el presunto remedio propuesto por Batres, además de malo, llega en el peor momento.
