Organizaciones sociales advierten que la crisis climática está impulsando el desplazamiento forzado de países de Centroamérica hacia México, con un impacto desproporcionado en las mujeres y las comunidades marginadas y que pese a que nuestro país tiene un marco jurídico para proteger a quienes huyen por esta razón no hay voluntad ni capacidad institucional para atender a este tipo de migración.
A través de su informe, “Cambio Climático y Migración desde Centroamérica. Perspectivas de Personas en Movilidad en México 2026, la Clínica de Derechos Humanos” de la Universidad de California, Berkeley, y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) documentaron cómo los daños relacionados con los impactos del cambio climático interactúan con y exacerban la violencia, la exclusión y la discriminación desde El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
De igual forma se alertó que el cambio climático rara vez opera solo, ya que interactúa con la extorsión de pandillas, la persecución política y la falta de empleo.
A partir de entrevistas, investigación y encuestas realizadas a 87 personas en movilidad en México, el estudio muestra que el cambio climático rara vez opera como una causa única del desplazamiento, ya que “las personas migrantes describen de manera consistente cómo los impactos climáticos —como las sequías que destruyen cultivos, las tormentas que dañan viviendas y medios de vida, y la deforestación y el calor extremo que afectan la salud y la estabilidad económica— exacerban la inseguridad y las dificultades ya existentes”.
Afectaciones por género
Es así que se descubrió que las mujeres enfrentan barreras y peligros agudizados por los desastres ambientales como la pérdida de medios de vida e inseguridad, pues ellas reportaron tasas más altas que los hombres en pérdida de empleo, interrupciones en el acceso al agua (74%) y alimentos (67%), tras catástrofes ambientales.
Mientras que el 22% de las mujeres encuestadas huyó de sus países tras episodios de violencia de género, aunado a que las mujeres asumieron mayores responsabilidades de cuidado y enfrentan mayores riesgos de explotación tras la destrucción de sus hogares por huracanes o sequías.
Por otro lado, se identificó que más del 80% de las personas encuestadas experimentaron al menos un evento climático en los cinco años previos a salir de su país, como huracanes (64%), olas de calor (56%) e inundaciones (55%).
También fueron frecuentes los deslizamientos de tierra (45%), las sequías (41%), los cambios en las temporadas de cultivo (38%) y los incendios forestales (37%). La exposición fue mayor entre las personas provenientes de Honduras y Nicaragua.
Se dijo que a pesar de que la legislación mexicana cuenta con marcos amplios de protección, se denunció que en la práctica estas protecciones rara vez se aplican a casos climáticos y que la política actual de México, marcada por la militarización y la detención, obstaculiza el acceso a la justicia para las mujeres que buscan protección.
Por ello, las organizaciones llamaron al Estado mexicano a reconocer el desplazamiento climático y que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados emita lineamientos para incluir los impactos climáticos en el análisis del reconocimiento de personas refugiadas.
