El gobierno se preocupa por el estancamiento de la actividad económica. Al parecer, ya decidió, en los términos de A. Werner en un notable artículo, que esa actividad es funcional para la consolidación de la hegemonía del régimen.
Le tomó tiempo. El crecimiento económico desciende desde fines de 2022. Hasta hace poco, el gobierno afirmaba que la economía iba muy bien. Ahora, se preocupa por la reducida inversión, un motor perdurable del crecimiento; en febrero fue 11% menor a julio de 2024.
El gobierno busca la reactivación convocando a los actores económicos, las élites de costumbre, a invertir bajo el Plan México, que no aterriza. Hay anuncios y fotografías del gobierno y esos empresarios o sus representantes, quienes nuevamente “se comprometen”, de palabra. Recién se anunciaron reducción de trámites, afirmativas fictas para proyectos, etc.
Esfuerzos importantes, pero insuficientes para reavivar la inversión y el crecimiento significativamente, porque no van al fondo del asunto: la incertidumbre causada por reformas ideológicas; la judicial, el abatimiento del amparo, etc., que dejan a los ciudadanos y empresas en la indefensión ante medidas abusivas (incluso ya delineadas por actores cercanos al régimen). Sólo la 4T no atribuye el estancamiento a estas medidas que promovió.
Si se hubiera preocupado seriamente por el estancamiento económico, el gobierno habría intentado frenar esas reformas y políticas. Los esfuerzos de ahora son, si acaso, sólo paliativos.
El estancamiento es una crisis dañina, pero puede durar sin causar una urgencia. En cambio, la crisis actual de las finanzas públicas puede estallar eventualmente y generar una urgencia aguda.
De 2012 al 2025, los indicadores fiscales se han debilitado. Mientras el ingreso público aumentó 2 puntos porcentuales del PIB, el gasto total lo hizo en 3.5. Aunque no lo parece, es muy importante.
El problema es la presión creciente de importantes rubros de gasto: el no programable (pensiones, costo de la deuda y participaciones federales) aumentó en 4.7 ppib, es irreductible y con fuerte dinámica a futuro. Ello fue a costa de otros rubros (entre ellos, la inversión física que bajó en 1.9 ppib).
Las funciones de gasto público aumentaron notoriamente en protección social, que aloja casi todos los programas sociales, en 3.2 ppib y, en salud, 0.1 ppib. Todas las demás funciones de Gobierno y Desarrollo Social y Económico cayeron o se mantuvieron estables. Lo más preocupante es que la mayoría de dichos programas también presentan una fuerte dinámica a futuro, porque así han sido legislados y son la base del apoyo político del régimen.
La deuda pública subió en 15 ppib de 2012 a 2025, alcanzando ya más de 60% del PIB y la consolidación fiscal anunciada para este año es lenta. Si acaso, el déficit será de 3.5% del PIB —de acuerdo con proyecciones oficiales optimistas—, el más alto desde 1989.
Con la dinámica y rigidez del gasto público, el déficit perdurará y la deuda aumentará, aun si el gasto en programas de salud, educación y seguridad pública sigue reprimido.
A diferencia de las atonías, las crisis fiscales y financieras no suelen presentarse paulatinamente. México ya vive una crisis fiscal seria, aunque silenciosa por ahora; el peligro será cuando se manifieste abiertamente y ponga en riesgo la estabilidad del país y el ingreso de los ciudadanos.
