La persistencia del bloqueo económico a Cuba no solo refleja una decisión de política exterior, sino un dilema estratégico que, visto desde la teoría de juegos, ayuda a entender por qué el statu quo se mantiene a pesar de sus resultados ineficientes.
En esencia, la interacción entre Estados Unidos y el régimen cubano puede interpretarse como un juego en el que ambos actores enfrentan decisiones que dependen de la reacción del otro. Estados Unidos puede optar por mantener o levantar el bloqueo, mientras que el régimen cubano decide entre preservar el statu quo o emprender reformas económicas y políticas. El problema central radica en que, aun cuando existe un resultado potencialmente mejor para ambas partes —levantamiento del bloqueo acompañado de reformas—, los incentivos actuales conducen a un equilibrio distinto.
En dicho equilibrio, Estados Unidos mantiene el bloqueo y el régimen cubano conserva su estructura actual. Ninguno de los dos tiene incentivos suficientes para cambiar unilateralmente su estrategia: si Washington levanta el bloqueo sin garantías, corre el riesgo de fortalecer al régimen sin generar reformas; si La Habana reforma sin alivio externo, enfrenta costos políticos y económicos sin beneficios claros. El resultado es —como vemos a través de los medios— un equilibrio subóptimo en el que la población cubana absorbe buena parte de los costos.
Este tipo de situaciones, ampliamente estudiadas en la teoría de juegos, se caracteriza por problemas de credibilidad y compromiso. Como señaló Thomas Schelling (Nobel de Economía 2005), la efectividad de cualquier estrategia depende de que las amenazas y recompensas sean creíbles. En el caso cubano, la falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de compromisos ha impedido avanzar hacia un equilibrio más eficiente.
En este contexto, la estrategia de “palo y zanahoria” cobra relevancia. En términos prácticos, implicaría un enfoque gradual y condicionado: alivio parcial de sanciones, acceso a financiamiento o mayor integración económica a cambio de reformas concretas y revisables. La clave no está únicamente en ofrecer incentivos, sino en diseñar un proceso en el que cada etapa esté vinculada a resultados medibles, reduciendo así el riesgo de incumplimiento.
Sin embargo, esta estrategia enfrenta obstáculos importantes. Para el régimen cubano, las reformas implican riesgos de pérdida de control político; para Estados Unidos, cualquier flexibilización sin resultados tangibles puede percibirse como una concesión unilateral. Este dilema refuerza la inercia del equilibrio actual.
Para decirlo sin eufemismos, sin cambios estructurales que impulsen la inversión privada, cualquier alivio externo tendrá efectos limitados. De igual forma, una estrategia coordinada entre múltiples actores —incluyendo a países como México, que en lugar de despensas aporte talento— podría incrementar la probabilidad de modificar los incentivos del juego.
México, por su tradición diplomática y posición geopolítica, podría desempeñar un papel relevante en este proceso. No obstante, ello exigiría una política exterior más activa, con visión estratégica de largo plazo, no centrada en la inmediatez matutina y cotidiana.
En última instancia, el caso cubano ilustra cómo los equilibrios ineficientes pueden persistir durante décadas cuando no existen mecanismos creíbles de coordinación. La lección es clara: sin credibilidad y coordinación internacional, incluso las soluciones aparentemente evidentes permanecen fuera del alcance. Mientras esto no cambie, el equilibrio seguirá siendo el mismo, estable —un régimen que cumple 67 años—, pero profundamente costoso para la sociedad cubana.
