Estamos en un circo que tiene varias pistas. No todos los riesgos para México tienen que ver con Donald Trump, la agenda de seguridad o la negociación del T-MEC. En un rincón de la carpa del circo, una de las agencias calificadoras acaba de hacer su aparición. No la pierdan de vista: esas entidades tienen superpoderes. Pueden traer tempestades.
Si México no reduce el déficit fiscal de manera más agresiva, podría sufrir una baja en la calificación de su deuda en los próximos 24 meses, advierte S&P. Esta es una de las tres agencias calificadoras más importantes del mundo. Le mantiene la calificación a la deuda mexicana, pero cambia la perspectiva de estable a negativa. Si fuera una crónica futbolera, diríamos que le saca una tarjeta amarilla al equipo tricolor.
¿Qué dijo S&P? Hace un diagnóstico muy crudo de la economía mexicana y de la situación de las finanzas públicas. Observa que la trayectoria de reducción del déficit fiscal es muy lenta; que los apoyos comprometidos a Pemex y CFE agravan la rigidez fiscal y destacan que el bajo crecimiento de la economía complica todo. Para 2026, anticipa un crecimiento de apenas 1%, muy lejos del 2.3% (1.8-2.8) de la Secretaría de Hacienda.
La calificadora no se queda en lo económico y se interna en el terreno escabroso de la relación con Estados Unidos. Cuestiones ajenas al comercio han generado nuevas tensiones bilaterales, dice. Se refiere a “la creciente preocupación por los vínculos entre las organizaciones de narcotráfico con diversos niveles de Gobierno de México”.
No todas son críticas e incursiones a la casa del terror, S&P reconoce la prudencia en el manejo de las políticas fiscal y monetaria. La fortaleza de la posición externa y un marco institucional que ha “fomentado la estabilidad política ante los cambios de partido gobernante durante más de dos décadas”.
¿Cómo responderá la 4T a S&P? La primera reacción, de la Secretaría de Hacienda, fue institucional, pero respingona: “S&P asume una posición muy pesimista que supone un crecimiento del PIB de 1%; un déficit general de 4.8% y que todas las amortizaciones de deuda de Pemex se financiarán con transferencias del Gobierno central”. Destaca las inversiones en infraestructura, proyectadas a lo largo del sexenio, que podrían detonar un mayor crecimiento del PIB y que implican esquemas de participación público-privada.
El sexenio pasado, además de la respuesta institucional de Hacienda, hubo episodios peculiares: un legislador de Oaxaca propuso limitar/prohibir las actividades de las agencias calificadoras; Rocío Nahle las acusó de no entender nada de lo que estaba haciendo AMLO por el sector energético. El director de Pemex, de plano, se negó a dialogar con ellas. Le echó el paquete al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Muchas cosas han cambiado. Ahora hay menos margen de maniobra. Hacienda sabe que no se puede ignorar la advertencia de S&P. Una baja en la calificación sería catastrófica, en caso de que se perdiera el grado de inversión. Complicaría el acceso a los mercados financieros internacionales y encarecería el costo del dinero para el Gobierno y las empresas mexicanas. Traería inestabilidad. Incrementaría la incertidumbre y la vulnerabilidad de la economía mexicana.
En los próximos días, habrá polémica con S&P, seguramente. Se mencionará el papel controvertido que las calificadoras jugaron en la crisis de 2008 y habrá cuestionamientos sobre las motivaciones políticas o geopolíticas de los juicios sobre México. El timing de esta evaluación/advertencia ¿está relacionada con la ofensiva de la administración Trump?, preguntarán algunos.
Más allá del debate, lo que es un hecho es que el Gobierno de México deberá reducir el déficit de las finanzas públicas y, de este modo, corregir una de las herencias malditas que dejó López Obrador. El manejo del presupuesto en 2024 fue un desastre y dejó un agujero cercano a los 2 billones de pesos, alrededor de 6% del PIB.
¿Cuánto tardaremos en pagar esa “pachanga” y en recuperar el equilibrio presupuestal? En 2025, el Gobierno de México gastó 9.3 billones de pesos y tuvo ingresos por 7.9 billones. Hubo un déficit de 1.4 billones, equivalentes a 4.3% del PIB. La meta era bajar el déficit a 3.9% del PIB y no se alcanzó, a pesar de un recorte brutal a la inversión pública. Esta cayó 18.9%, un porcentaje que no se había registrado desde 1995. ¿Recuerdan el “error de diciembre” y el Efecto Tequila?
Para 2026, el Gobierno propone bajar el déficit a 3.6% del PIB, en un presupuesto de 10.13 billones de pesos. S&P pide más velocidad y más profundidad. No está fácil. El problema es que las finanzas públicas ofrecen poco margen de maniobra y el objetivo de bajar el déficit compite con la urgencia de detonar el crecimiento económico. Algo habrá que sacrificar, la pregunta es ¿cuál de los proyectos mascota de la 4T será enterrado?
