No importa cuántas maromas dé el régimen, la suerte del exgobernador Rubén Rocha Moya y de nueve funcionarios sinaloenses señalados en Estados Unidos por haber trabajado para Los Chapitos a cambio de dinero para ganar la elección en 2021 está echada: van a ser juzgados en una corte federal en Manhattan, presentes o no, y serán acusados por narcoterrorismo. Serán los primeros mexicanos condenados bajo la designación del presidente Donald Trump de que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista que amenaza la seguridad nacional de su país, que va más allá del crimen organizado tradicional.
Aquí se le sigue protegiendo con un blindaje político y con vigilancia militar, porque lo que menos quisieran en Palacio Nacional es que lo mataran; potencialmente, no solo el crimen organizado –la facción leal a Ismael El Mayo Zambada, el jefe legendario del Cártel de Sinaloa, busca su cabeza–, sino sus probables cómplices en la estructura de poder de Morena, beneficiarios del agua de la misma regadera. La última defensa en el Zócalo ha sido mediante el artilugio del silogismo, un método lógico deductivo con dos premisas y una conclusión.
En este caso, la premisa mayor es que toda persona contra la que no existe investigación oficial es inocente de cualquier delito. La premisa menor establece que no existe investigación contra Rocha Moya. Por lo tanto, dialécticamente hablando, el exgobernador es inocente de cualquier delito. Sin embargo, desde la lógica y el derecho, el razonamiento es endeble, porque la ausencia de investigación no prueba inocencia material, sino que, hasta ese momento, no existe una indagatoria formal conocida.
El silogismo suele incurrir en la variante del argumento por ignorancia: “Como no hay investigación, entonces no existe delito”. Pero la inexistencia de una investigación puede obedecer a varios factores, como falta de denuncia, pocas pruebas, omisión institucional, cálculo político o simplemente ausencia real de delito. Por sí sola, no demuestra inocencia absoluta. En el caso de Rocha Moya, la protección no tiene bases jurídicas; es totalmente política. Sí hubo denuncias en 2021 de la participación del Cártel de Sinaloa y, en 2024, Zambada lo imputó como cómplice y traidor en una carta pública desde la cárcel, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la fiscalía general dar el carpetazo.
La instrucción corrió transexenalmente por el llamado segundo piso de la transformación, como le llaman a quién sabe qué en estos días, y Rocha Moya y, por tanto, el senador Enrique Inzunza y el exsecretario de Administración de su gobierno, Enrique Alfonso Díaz Vega –las dos personas más importantes en términos operativos con Los Chapitos–, junto con otros siete exfuncionarios sinaloenses señalados por el Departamento de Justicia de tener vínculos criminales, viven dentro de las murallas que ha colocado a su alrededor el régimen obradorista. Que nadie se sorprenda si en algún tiempo caen como los muros de Jericó.
La acusación del Departamento de Justicia es contundente: construyeron un narcoestado (con minúscula) en Sinaloa. Esa palabra o “narcogobierno” se han desgastado por la generalización superficial de su uso, pero la descripción que hicieron los fiscales en Manhattan del gobierno de Rocha Moya es la película de cómo un narcoestado se erigió con dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y facilidades para que Los Chapitos pudieran operar y, por lo que denunció Zambada, también les limpiaron de adversarios el camino.
En el Zócalo siguen esgrimiendo que no han presentado pruebas los fiscales, incurriendo nuevamente en el autoengaño y el timo a los mexicanos. Pruebas habrá, cuando se inicie el juicio en Manhattan. Pero, para eso, tendría que haberlos detenido la fiscalía mexicana, con fines de extradición, que es lo que establece el Tratado de Extradición firmado en 1978. Está claro que no lo van a hacer en este gobierno, dispuesto a sacrificar la imagen del canciller Roberto Velasco para cuidar a Rocha Moya, evitando lo que más nervioso tiene a Morena: que empiece a decir lo que sabe.
Todo el aparato del régimen está en marcha para acuerparlo. Las plumas más sofisticadas de la propaganda obradorista se están batiendo en la arena pública para impulsar la normalización (como desnudó el martes el académico Carlos Bravo Regidor a uno de los últimos reclutas del régimen que salieron del clóset, el otro académico Carlos Pérez Ricart) y alegar que lo de Rocha Moya no es novedad, porque ya habían existido otros casos de gobernadores mexicanos involucrados con el crimen organizado.
Sí es cierto, pero no es cierto. Los gobernadores acusados por la DEA en el pasado no estaban en activo, eran “ex” y no formaban parte de un andamiaje estatal criminal, sino que actuaron de manera personal. Rocha Moya es el primer gobernador en activo al que se acusa públicamente en una corte federal, y el primero que va acompañado de su primera línea administrativa, judicial, policial, el senador por quien se distanció de Zambada en 2021 y el alcalde de Culiacán, la ciudad en guerra por la traición al exjefe del Cártel de Sinaloa.
Pero lo que más difiere del pasado es el decreto de Trump sobre la definición de los cárteles como organizaciones terroristas, sobre lo cual serán juzgados y condenados. La petición de captura con fines de extradición es una mera pincelada de lo que tienen acumulado en Estados Unidos, otorgándole a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad que sea ella quien maneje la crisis que genera el caso Rocha Moya, evitando lo que ayer volvió a recordar el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una audiencia en el Congreso: Queremos que México actúe, porque, si no, lo haremos nosotros.
La orden ejecutiva de Trump contra los cárteles le permite a sus agencias utilizar todos sus recursos contra el terrorismo, expandiendo acciones internacionales, sancionando a bancos o personas que hicieron negocios con cualquiera de los 10 sinaloenses o el gobierno de Rocha Moya, y la autorización para que, unilateralmente, los servicios policiales y de inteligencia vigilen, investiguen y actúen globalmente contra los cárteles.
Rocha Moya, pese a vivir amurallado, no puede sentirse tranquilo. No habrá, por ahora, ninguna acción para extraerlo, como hicieron los demócratas con Zambada, porque está en curso la petición de extradición. Pero, al cumplirse el plazo legal de ella, si se mantiene el status quo, veremos una segunda fase. Quizá, como dijo un funcionario estadounidense, evaluar el momento y capturarlo.
