En México, más de 32 millones de niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 17 años están en edad de cursar la educación básica y media superior, y la forma en que se planea su educación no es un asunto menor, pues de ahí depende garantizar su derecho a aprender. En ese marco, los Programas Sectoriales de Educación (PSE) son clave en la definición de los objetivos, estrategias y acciones que orientan la política educativa en cada estado.
De las 32 entidades federativas que monitoreamos en Mexicanos Primero, a través de (Monito, 2026), 29 cuentan con su PSE; 7 de ellos han sido publicados en los últimos nueve meses: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en el contexto del cambio de administración en 2024. Por su parte, Morelos se encuentra dentro del plazo para su elaboración; la Ciudad de México no tiene obligación normativa de presentarlo; y en Tlaxcala, a más de tres años del inicio de la administración actual, aún no se ha publicado.
Un PSE no es solo un documento técnico. Es la herramienta que permite identificar qué se busca lograr en educación, cómo se planea hacerlo y bajo qué criterios se dará seguimiento a los avances. Ahí debería quedar trazada, con claridad, la ruta para garantizar que niñas, niños y jóvenes estén, aprendan y participen en la escuela.
El monitoreo muestra que no todos los PSE están disponibles o son de fácil acceso. Algunos pueden consultarse directamente en páginas oficiales de las entidades educativas estatales, mientras que otros han tenido que obtenerse mediante solicitudes de transparencia.
El panorama es diverso. Los PSE no son iguales, ya que cada estado define sus prioridades y la forma de abordarlas. En medio de esa diversidad, hay casos que vale la pena destacar. En este sentido, Chiapas resalta por la forma en que organiza y diseña su política educativa.
El Programa Sectorial de Educación de Chiapas permite entender con claridad qué se quiere lograr y cómo se planea hacerlo. Sus objetivos, estrategias, acciones e indicadores están articulados, lo que facilita dar seguimiento a su implementación. Además, incorpora indicadores de aprendizaje y de resultado, algo que no siempre está presente en los PSE.
También pone sobre la mesa problemas estructurales del estado como las brechas de género, la alfabetización, el rezago educativo, las desigualdades territoriales y culturales y el fortalecimiento docente. En conjunto, muestra que es posible planear la educación con una mirada situada en el contexto y orientada a los desafíos reales del territorio.
El caso de Chiapas aporta elementos interesantes sobre cómo se pueden construir estos programas sectoriales. Destaca porqué incluye indicadores de aprendizaje y de género, y porqué no deja la evaluación como algo aparte, sino que la integra desde el diseño. Esto permite no solo entender lo que se propone, sino tener mejores condiciones para darle seguimiento.
Monitorear estos programas permite entender cómo se está definiendo la política educativa en cada estado y qué tan viable es alcanzar los resultados que se proponen. En ese sentido, herramientas como Monito, de Mexicanos Primero, contribuyen a hacer pública y accesible esta información, lo que fortalece las condiciones para dar seguimiento a las decisiones y exigir mejores resultados. Porque aprender importa.
