Desde hace algunas décadas, la educación ha incorporado diversas tecnologías que han redefinido la forma de aprender. Pasamos de los medios analógicos y audiovisuales, a los digitales, el internet, los dispositivos móviles, las plataformas de redes sociales, y ahora, la inteligencia artificial.
Esta evolución tecnológica ha planteado desafíos diversos a docentes y estudiantes en las escuelas. Hoy las tecnologías digitales —y, desde luego, los dispositivos móviles— forman parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. Ante este panorama, enfrentamos el reto de aprender, convivir y participar. ¿Cómo aseguramos que las tecnologías digitales fortalezcan el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo evitar que sean un factor que debilite sus procesos cognitivos, profundice desigualdades, perjudique su bienestar o la convivencia escolar?
La reciente decisión del Gobierno de México de abrir un debate nacional sobre el uso de dispositivos digitales, redes sociales e inteligencia artificial en la educación representa una oportunidad que conviene aprovechar. Más que discutir únicamente sobre celulares en las aulas, el país puede construir una política educativa para la era digital: una política basada en evidencia, orientada por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y comprometida con el derecho a aprender.
El debate internacional muestra que hay distintas respuestas. Algunos países han restringido el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar; otros han optado por regulaciones flexibles o por otorgar mayor autonomía a las escuelas. Sin embargo, detrás de esas diferencias el consenso es creciente: los beneficios de las tecnologías dependen de las condiciones en que se utilizan, de las decisiones pedagógicas que las orientan y de la capacidad de los sistemas educativos para acompañar a docentes, estudiantes y familias.
Este es, quizá, el principal cambio de perspectiva. La discusión sobre tecnologías digitales no es, en el fondo, una discusión sobre tecnología; es una discusión sobre educación. La escuela no está para competir con las plataformas digitales. Su responsabilidad es otra: formar personas capaces de comprenderlas, cuestionarlas, utilizarlas con criterio y ponerlas al servicio del aprendizaje, la convivencia y el bienestar.
Por ello, una política nacional tendría que tener un mayor alcance. Mirar más alla de las pantallas implica proponerse construir una cultura digital integral y con sentido crítico. Esto significa orientarse al desarrollo de conocimientos, habilidades y valores, así como construir condiciones institucionales para que las tecnologías amplíen las oportunidades de aprendizaje, fortalezcan la convivencia y favorezcan el ejercicio de una ciudadanía responsable.
Construir esta cultura digital exige, en primer lugar, fortalecer la formación y el acompañamiento de las maestras y los maestros. Son ellas y ellos quienes toman las decisiones pedagógicas fundamentales: cuándo utilizar o prescindir de una herramienta digital y cómo convertirla en una oportunidad para enriquecer el aprendizaje, el pensamiento analítico, la creatividad y la resolución de problemas.
También exige reconocer que se requiere educación digital para las familias. Necesitan información sencilla y basada en evidencia para comprender cómo influyen las plataformas digitales en la atención, las emociones y el desarrollo de sus hijas e hijos, así como herramientas para acompañarlos en la construcción de hábitos digitales saludables.
Al mismo tiempo, una política educativa atenta a las desigualdades tendría que reducir las brechas que todavía limitan el acceso equitativo a las tecnologías y asegurar que todas las escuelas cuenten con condiciones mínimas de conectividad, equipamiento y recursos pedagógicos, enfocándose especialmente en aquellas que se encuentran en los contextos de mayor marginación. Asimismo, es necesario que incorpore mecanismos permanentes de evaluación que permitan conocer qué funciona, qué necesita adecuarse y cuáles son los efectos de las decisiones en las y los estudiantes y su comunidad escolar. En un entorno tecnológico que cambia con tanta rapidez, la política debe revisarse con frecuencia.
La cultura digital constituye hoy una capacidad institucional indispensable para garantizar el derecho a aprender. No basta con que estudiantes y docentes desarrollen competencias digitales. Las escuelas necesitan liderazgo, reglas claras, formación y evaluación permanente; y el sistema educativo requiere desarrollar la capacidad de orientar, acompañar y actualizar sus decisiones frente a tecnologías que evolucionan constantemente.
México tiene hoy la oportunidad de construir una política educativa que ofrezca una respuesta significativa a este desafío. La discusión sobre dispositivos digitales puede ir más allá de las pantallas. Es una discusión sobre educación. Se trata del tipo de personas que nos proponemos formar y de la sociedad que aspiramos a construir.
Garantizar el derecho a aprender en la era digital significa asegurar que las tecnologías amplíen las oportunidades educativas de todas las niñas, niños y adolescentes, protejan su bienestar y fortalezcan las capacidades que la educación necesita desarrollar para el siglo XXI. Si el debate nacional logra traducirse en una política de cultura digital basada en evidencia, México habrá dado un paso decisivo para preparar a las nuevas generaciones para el mundo que les tocará construir. De esa decisión dependerá, en buena medida, el futuro del país.
