La eliminación de Nemesio Oseguera alias El Mencho, por parte del gobierno de la República abre una enorme interrogante sobre las consecuencias, en el corto y mediano plazo, de este éxito de la política anticrimen de la presidenta Claudia Sheinbaum.
México está por descubrir, por desgracia, a la mala, el verdadero tamaño de las ramificaciones que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene tanto en poblaciones del país como en ramas económicas. Aquí, el día después para nada está descontado como un natural retorno a la tranquilidad.
Una perniciosa consecuencia de la impunidad que priva en México es que coarta la posibilidad del relato sobre la dimensión criminal. Sin juicios llevados a término, sin relatos que ante un juez prueben actos y autores delincuenciales, cómo saber o siquiera calcular de qué tamaño es un cártel.
Tómese un ejemplo actual. Autoridades de Estados Unidos informaron días atrás que, en defensa de ciudadanos de su país estafados en México, decidieron emprender acciones en contra de empresas en la Riviera Nayarit por presuntos nexos con el grupo de Oseguera.
A reserva de que se prueben esas acusaciones, es inocultable el hecho de que en México no se conocía una incriminación parecida, similar o específica sobre esos mismos hechos. Al punto de que en Jalisco fue noticia que entre los señalados esté el hijo de un exgobernador.
Y, siguiendo con ejemplos recientes, ¿alguien da por descontado que la detención –meritoria, sin duda– del exalcalde de Tequila, Diego Rivera, acusado de colaborar con el mismo cártel, implica que las autoridades jalarán el hilo hasta que la madeja exponga a toda la red?
Expertos advierten que el mero hecho de descabezar grupos criminales, además de abrir la puerta a la violencia para reemplazar al depuesto, no necesariamente implica la anulación de las mafias y menos su extinción: véase Sinaloa, con dos años sin jefes y una guerra bien encendida.
Guadalajara se asumía calma –un comando usó dos mil balas en diciembre para matar a un comerciante en un barrio clasemediero sin que la policía apareciera, así que no es honesto llamar a eso paz–; mas el operativo en Tapalpa hace volátil toda “tranquilidad” y no solo en la capital.
Por cierto, para sorpresa de nadie, los hechos ocurrieron en ese pueblo serrano, el Valle de Bravo de los tapatíos: un bosque tan bucólico, una población donde la especulación inmobiliaria explotó en este siglo y donde, de tiempo atrás, el run run y esporádicas ráfagas, decían: aquí vive él.
En lo que llegan las quinielas, tan solventes como algunas de las explicaciones en prensa sobre quién o por qué este o aquel sustituirá al michoacano que por lustros puso de cabeza a varios estados del país, en la zona cero huele a llanta y plástico quemados, postal del futuro inmediato.
Hay que felicitar al gobierno federal, a la presidenta y a las fuerzas armadas. Sin regateo. Aunque sin dejar de agregar que durante largas horas del domingo dejaron sin información puntual a la población, inerme ante la propaganda de los narcobloqueos y desinformadores interesados.
El exitoso operativo no puede ser un evento pasajero. Construir la paz resultará aún más complicado que el golpe. Desentrañar los intereses del narco, desmembrar las complicidades de políticos y empresarios, retomar –en fin– el control para el Estado es tarea que apenas empieza.
Y los costos de ese esfuerzo, la dimensión del reto, estamos por descubrirlos. Es posible que ni los imaginemos.
Lo ocurrido este domingo no puede quedar en puro material para narcocorridos o series de televisión; en la fascinación mediática por descubrir quién es el nuevo jefe. El día después, hoy, mañana y así sucesivamente, inicia el verdadero reto para los gobiernos y la sociedad.
