Desde que concluyó su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador se fue a su finca en Palenque –totalmente remozada por el Ejército– y desapareció del ojo público. Pero vivir con discreción no significó retirarse de la política, como insisten sus voceros para esconder su activismo. López Obrador no perdió canonjías. Mantuvo vehículos blindados a cargo del erario y, lo más importante, el sistema de comunicación gubernamental que se llama coloquialmente como “el teléfono rojo”. López Obrador no perdió poder; solo lo disimuló.
Sus apariciones en público han sido contadas: cuando anunció el libro que escribió una veintena de manos por él, y cuando apeló a la ayuda a Cuba, pidiendo donaciones para la dictadura castrista. Pero hubo un mensaje de fondo cuando promocionó su libro el 30 de noviembre, cuando, al hablar de la “temporada de zopilotes y halcones” que se vivía, pidió respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que la acosaran y que, si eso sucediera, saldría de su finca para defenderla pero, sobre todo, para preservar su proyecto de la cuatroté.
Visto aquel momento en retrospectiva, puede verse aquel día como el lance de un globo de prueba para medir la reacción política y pública a su reaparición. Fue un éxito porque dominó la agenda y los ciclos informativos sin recibir críticas de sus opositores y, en cambio, agradecimiento de la propia presidenta. López Obrador estaba calentando motores. Semanas después, detectaron en el gobierno federal, se integró una especie de “cuarto de guerra”, donde figuraban algunos de los ideólogos de su sexenio, comensales frecuentes en Palacio Nacional, con un “cuarto de junto” de asesores, donde están algunas plumas injertas en medios de comunicación nacionales.
Una de las primeras reflexiones, de acuerdo con la información que llegó al gobierno, era en qué momento comenzaba a regresar al escenario público. El estrangulamiento económico de Estados Unidos a Cuba fue el momento para, como lo plantearon en ese “cuarto de guerra”, salir a dar la cara y comenzar a posicionarse como líder de la izquierda latinoamericana. Sus sueños, que empezó a tener desde el cuarto año de su gobierno, llegaron al mismo lugar que en ese entonces: a la nada. Pero la maquinaria comenzó a andar.
Martín Jesús López Obrador, el hermano del expresidente, que ha sido uno de sus operadores políticos desde hace casi una década, coincidente con los tiempos de análisis para la reactivación del Peje, empezó a recorrer estados desde enero para transmitir el mensaje que las candidaturas para 17 gobiernos estatales y las listas de diputaciones federales las palomearía él. Rafael Marín Mollinedo, en ese momento director de Aduanas, era su primera decisión.
Marín Mollinedo, dijo Martín Jesús, sería el candidato de Morena para la gubernatura de Quintana Roo. No era el plan de la presidenta, y desde Palacio Nacional le enviaron mensajes de que no se animara y, menos aún, se promoviera. La candidata de Sheinbaum era Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, cuyo diamante es Cancún, aunque se mantenían abiertas las negociaciones con el Partido Verde para que el candidato fuera el senador Eugenio Segura, Gino, que, aunque representante de Morena, responde a los intereses de Jorge Emilio González, dueño de la franquicia y quien es el poder detrás de la gobernadora Mara Lezama.
El entonces director de Aduanas estaba fuera de la ecuación, pero no cejó en el intento de alcanzar la candidatura, utilizando recursos públicos para promoverse y agudizando las contradicciones dentro del obradorismo. Recientemente fue protagonista de una acción salomónica. La presidenta no pudo mantenerlo al frente de Aduanas, pero tampoco se convertiría, como era lo que se esperaba, en uno de los 17 coordinadores para la defensa del proyecto de la cuatroté, que serán virtualmente quienes se queden con las candidaturas. La decisión fue salomónica: la presidenta aceptó su renuncia y, tras enfatizar que no era por temas electorales, lo envió a Mérida como representante de una secretaría de Estado que, hasta ahora, 10 días después, no se sabe cuál es.
Martín Jesús continuó llevando mensajes. Uno fue el nombre de Célida López Cárdenas, a quien López Obrador quiere como candidata a la gubernatura de Sonora. López Cárdenas es secretaria de Agricultura y Ganadería de Sonora, donde gobierna Alfonso Durazo, incondicional del expresidente y perfilado para asumir el liderazgo de Morena en septiembre, si las cosas no cambian dentro del régimen, como suele suceder con más frecuencia de lo pensado.
López Cárdenas fue alcaldesa de Hermosillo y su promoción choca también con los deseos de la presidenta, que quiere que la candidatura vaya a la senadora Lorenia Valles, quien, pese a lo que aparenta en público, no tiene una buena relación con Durazo. En las encuestas que maneja Iván Silva, dueño de Heurística, la empresa consultora que ha trabajado para Morena por años y forma parte del equipo de estrategas de la presidenta, Valles aventaja por 3.5 puntos a López –lo que es un empate técnico–, en el último estudio realizado por una de las empresas a su servicio, hace alrededor de un mes.
Pero la apuesta de López Obrador, y al mismo tiempo el principal desafío a la presidenta, es Baja California Sur. Martín Jesús expresó que apoyarán al alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, del PT, en contraposición con la candidata que quiere Sheinbaum, la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga. El respaldo para Agúndez es un doble desafío, porque existe una investigación abierta en Estados Unidos en su contra por su presunta relación con Los Chapitos, que han hecho de Los Cabos su santuario. No sorprende, sin embargo, que los López Obrador utilicen al PT para fines electorales, pues las investigaciones en Washington lo ubican como el parapeto político del crimen organizado en México y que han llevado a puestos de elección popular a miembros de varios cárteles de las drogas.
Los primeros movimientos político-electorales que se han hecho, junto con la instalación de un “cuarto de guerra” en la Ciudad de México, donde López Obrador pasa cada vez más tiempo, están marcando el inicio del regreso del expresidente a la política activa y a la búsqueda del control del país. No se estima que lo haga abiertamente, lo que no significa que lo que se está preparando es un asalto al poder.
