La relación entre el poder político y el banco central siempre ha sido delicada. El titular del Ejecutivo puede expresar su desacuerdo con las decisiones del banco central, pero, históricamente, la mayoría de ellos en el mundo han respetado un principio fundamental: la política monetaria debe mantenerse al margen de las presiones partidistas. Esa es la esencia de la autonomía de los bancos centrales.
Ese principio fue puesto a prueba cuando el presidente Trump intentó destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Junta de la Reserva Federal (FED). La doctora en Economía Cook fue nombrada por el presidente Biden en 2022 para completar el resto de un mandato no concluido, que vencía el 31 de enero de 2024. Pero en 2023 Biden la nominó para llenar una vacante de un mandato completo de 14 años, propuesta que fue ratificada por el Congreso. Es decir, su período tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2038. La controversia surgió cuando la administración Trump argumentó, en agosto de 2025, que existían motivos suficientes para remover a Cook de su cargo debido a unas operaciones personales, supuestamente fraudulentas, de créditos hipotecarios. El empeño de Trump de cesarla como gobernadora de la FED fue un intento más de su parte por debilitar a la institución. Ya había hecho vanos intentos por despedir al presidente de la FED, Jerome Powell, con triquiñuelas, hasta que finalmente este terminó su mandato en mayo pasado y fue sucedido por Kevin Warsh.
Cook rechazó rotundamente las acusaciones, argumentando que se trataban de errores administrativos involuntarios y que el presidente carecía de autoridad para despedirla, ya que el banco central opera de forma independiente. A pesar de que Trump emitió una orden directa de destitución, Cook permaneció en su puesto hasta que se resolviera legalmente el asunto. Esta medida histórica desencadenó una batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema.
La decisión de la semana pasada de la Suprema Corte de impedir a Trump, por ahora, la destitución de Cook no solo representa una victoria personal para la funcionaria, sino que también envía un mensaje claro sobre los límites del poder presidencial. Si el presidente pudiera sustituir libremente a los gobernadores de la FED cada vez que discrepa de sus decisiones, la política monetaria quedaría expuesta a los intereses políticos de corto plazo.
Paradójicamente, la resolución también muestra la complejidad de la actual Suprema Corte. Mientras protegió la permanencia de Cook, el mismo tribunal emitió una decisión por separado, donde los magistrados resolvieron que el mandatario puede destituir a los principales reguladores, ampliando su poder sobre las agencias independientes, como la Comisión Federal de Comercio o la Agencia de Protección al Consumidor. En otras palabras, los magistrados no están cerrando la puerta a una expansión del poder Ejecutivo, pero sí reconocen que la FED ocupa una posición excepcional dentro del sistema institucional estadounidense.
En un momento de creciente polarización política, el fallo en favor de Lisa Cook recuerda que la fortaleza de una democracia no depende únicamente de quién ocupa la presidencia, sino también de la capacidad de sus instituciones para resistir las presiones del poder político y preservar las reglas que garantizan su independencia.
