En los últimos siete años hemos atestiguado el desmantelamiento de los contrapesos al ejercicio autoritario del poder. Durante el gobierno de López, dado que no tenía de su lado la mayoría calificada en el Congreso ni un Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo, el ataque a estas instituciones se centró en el debilitamiento operativo de las organizaciones: recortando su presupuesto, dejar incompletos los órganos de gobierno (IFT, Cofece e INAI) o de plano capturándolos, como sucedió con la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNDH, el INE y el TRIFE.
Fue la captura de estos dos últimos organismos lo que le permitió a Morena y sus rémoras (PVEM y PT) que se les asignara, inconstitucionalmente, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado la alcanzaron con tres senadores que decidieron traicionar a sus electores (dos del PRD y uno del PAN). Ya con la mayoría calificada en el Congreso, la presidenta Sheinbaum, ahora sí, destruyó todo contrapeso: desaparecieron los órganos autónomos del Estado (IFT, Cofece e INAI), así como la CRE y la CNH, y la reforma del Poder Judicial que eliminó su independencia y de facto lo subordinó al Poder Ejecutivo, lo que junto con las reformas a la Ley de Amparo dejan desamparados a los individuos frente a actos de gobierno que violenten sus derechos.
Y ahora, la presidenta envió al Congreso una iniciativa de reforma política que, de ser aprobada, garantizaría a futuro la mayoría calificada de Morena en el Congreso, un sistema de partido hegemónico con una oposición solamente testimonial. Culminaría con ello la destrucción de la democracia liberal y daría paso a un sistema caracterizado por el ejercicio autoritario del poder.
Desde el poder político se argumenta que todas estas reformas son porque el “pueblo” las pidió (lo cual es totalmente falso) y que se hacen para beneficiar al “pueblo”, como si quien ejerce el poder fuese un “dictador benevolente”.
La teoría del “dictador benevolente” argumenta que este tiene toda la información relevante para tomar las decisiones que llevan a maximizar el bienestar de la comunidad. Entre estas decisiones está la de proveer a la sociedad de los diferentes bienes públicos, destacando la de dotar a los individuos y las empresas de un arreglo institucional que defina eficientemente los derechos privados de propiedad en sus tres vertientes: posesión, uso y transferencia, garantizando los derechos de propiedad frente a actos de terceros que los vulneren. Estas tres, en su conjunto, garantizarían mercados que operan en competencia, lo cual lograría una asignación eficiente de recursos y además generarían un alto crecimiento económico. Según esta teoría, la cual no encuentra soporte empírico, los autócratas de mayor calidad son mejores en la generación de alto crecimiento que los mejores líderes democráticos.
Lo anterior nos lleva a cuestionar si las reformas al arreglo institucional que nos han llevado a un sistema con el ejercicio autoritario del poder se asemejaría al teórico “dictador benevolente”. Puesto de otra manera, ¿las decisiones de política pública y de política económica que el régimen ha tomado lograrían una asignación socialmente óptima de recursos que deriven en la maximización del bienestar social y además generen un alto crecimiento económico?
Una de las características de una dictadura benevolente es la existencia de reglas del juego eficientes, ciertas y por todos conocidas y, en caso de presentarse disputas, el dictador interviene y toma aquella determinación que derive en la resolución que sea privada y socialmente óptima. Lo que tenemos en México incumple con lo aquí señalado, ya que las modificaciones al marco institucional han generado un entorno de baja certidumbre jurídica con la siempre presente posibilidad de que las reglas del juego sean modificadas arbitrariamente.
Además, la resolución de las disputas con un Poder Judicial subordinado al autócrata no necesariamente será aquella que sea privada y socialmente óptima, sobre todo si una de las partes en la controversia es el gobierno, pero también cuando la disputa sea entre dos agentes privados pero el gobierno influya sobre el juez para que falle a favor del agente preferido por el régimen, aunque sea este quien violó el contrato.
Por otra parte, los cambios institucionales nos alejan todavía más de aquel óptimo en donde los derechos privados de propiedad están eficientemente definidos y se garantiza el intercambio voluntario en mercados en competencia. Lo que ahora tenemos es una creciente participación del gobierno en la provisión de bienes privados en mercados no competitivos, más el hecho de que el gobierno puede discrecionalmente establecer barreras de entrada para favorecer a alguna(s) empresa(s) en particular. Todo ello genera una asignación de recursos socialmente subóptima.
Incertidumbre sobre la permanencia de las reglas, incertidumbre jurídica y una ineficiente definición y protección de los derechos privados de propiedad se traduce en que no se logra la maximización del bienestar social y tampoco en crecimiento económico alto y sostenido.
Finalmente, como afirmó Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno inventado por el hombre, con excepción de todos los demás”. Las dictaduras benevolentes no existen.
