Si una periodista logró grabar el momento en que era privada de la libertad, captó a quienes se la llevaban y esa información estuvo disponible desde el primer momento, ¿cómo es posible que fuera localizada sin vida veinte días después?
Esa es la pregunta que debería dejar el caso de Roxana Guzmán. No solo quién la desapareció o quién la asesinó. También por qué el Estado no fue capaz de reaccionar con la velocidad y eficacia que exigían las circunstancias.
Durante años hemos escuchado que México enfrenta una crisis de desapariciones. Las cifras crecen, las familias siguen buscando a sus seres queridos y las madres buscadoras continúan encontrando fosas clandestinas que las autoridades no localizaron. Sin embargo, seguimos discutiendo el problema como si la solución fuera crear nuevas instituciones, cuando la verdadera carencia está en otro lado.
El caso Roxana demuestra que no basta con tener fiscalías especializadas. Se necesita presupuesto, tecnología, personal capacitado y protocolos que realmente funcionen. De poco sirve crear organismos si no cuentan con cámaras, herramientas de geolocalización, sistemas de inteligencia y personal suficiente para actuar desde el primer minuto.
Las primeras horas son decisivas. Mientras más tiempo pasa, menores son las posibilidades de localizar con vida a una persona desaparecida. Por eso los protocolos nacionales e internacionales exigen una búsqueda inmediata. No hay fundamento para esperar 24, 48 o 72 horas cuando existe una denuncia de desaparición. Cada minuto perdido puede convertirse en una oportunidad que nunca regresa.
Lo más preocupante es que este problema no es nuevo. México ya enfrentó una crisis similar con el secuestro. A finales de los años 90 y principios de la década de 2000, ese delito alcanzó niveles alarmantes. La respuesta no consistió únicamente en endurecer las penas, sino en invertir en inteligencia, fortalecer a las fiscalías, profesionalizar a las corporaciones e incorporar mejores herramientas de investigación. Poco a poco, esa estrategia dio resultados. ¿Por qué no hacer lo mismo frente a las desapariciones?
Hoy seguimos viendo familias que hacen el trabajo que corresponde al Estado. Son ellas quienes rastrean, investigan, organizan brigadas de búsqueda y, muchas veces, encuentran a sus seres queridos. Esa no debería ser su responsabilidad.
Estoy convencida de que un Estado que invierte en tecnología, inteligencia y reacción inmediata tiene mayores posibilidades de encontrar a las víctimas y de llevar a los responsables ante la justicia.
El caso Roxana Guzmán no debería convertirse únicamente en otra noticia que conmocione al país durante algunos días. Debería ser el punto de inflexión para entender que la verdadera discusión no es cuántas fiscalías tenemos, sino si cuentan con las herramientas necesarias para salvar vidas.
