Durante más de tres décadas, el llamado Consenso de Washington orientó buena parte de las políticas económicas en el mundo. La disciplina fiscal, la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y la liberalización de los mercados marcaron la agenda de numerosos países y contribuyeron a un largo periodo de integración económica global. Sin embargo, los cambios de las últimas décadas han puesto en evidencia las limitaciones de ese paradigma.
La crisis financiera de 2008 fue un punto de quiebre del consenso neoliberal. A partir de entonces se hicieron más visibles problemas como el aumento de la desigualdad, la pérdida de capacidades industriales en diversas economías, la creciente concentración económica y el debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas. La estabilidad macroeconómica dejó de ser suficiente para responder a las nuevas demandas sociales y a un entorno internacional cada vez más complejo.
En este contexto ha comenzado a construirse un nuevo consenso. Diversos organismos internacionales, gobiernos y centros de pensamiento han coincidido en que el crecimiento económico sigue siendo un objetivo central, pero también en que debe ser incluyente, sostenible y capaz de generar mejores oportunidades para la población.
Entre las propuestas que han contribuido a este debate destacan la Declaración de Berlín y el denominado Consenso de Londres. Ambos parten de una premisa común: el Estado y el mercado no deben entenderse como fuerzas contrapuestas, sino como instituciones complementarias para impulsar el desarrollo.
Este nuevo enfoque reconoce la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica y preservar mercados competitivos, pero también plantea la necesidad de fortalecer la capacidad de los Estados para promover la innovación, impulsar políticas industriales, desarrollar infraestructura, invertir en ciencia y tecnología y generar condiciones para enfrentar desafíos como la transición energética, el cambio tecnológico y las tensiones geopolíticas.
La discusión ya no gira en torno a elegir entre un Estado grande o un mercado sin regulación. El verdadero reto consiste en construir instituciones capaces de aprovechar las fortalezas de ambos. Los mercados siguen siendo fundamentales para asignar recursos, incentivar la inversión y promover la competencia, mientras que los gobiernos tienen un papel insustituible para corregir fallas, coordinar esfuerzos y crear capacidades que el mercado, por sí solo, difícilmente desarrollará.
En buena medida, el debate económico contemporáneo refleja una búsqueda de equilibrio. No se trata de abandonar los principios que permitieron décadas de crecimiento e integración económica, sino de actualizarlos frente a una realidad distinta, donde la innovación, la resiliencia, la seguridad económica y la cohesión social ocupan un lugar cada vez más relevante.
Más que el reemplazo de un modelo por otro, estamos frente a la construcción de un nuevo acuerdo sobre las responsabilidades compartidas entre Estado, empresas y sociedad. Un consenso que reconoce que el crecimiento económico sigue siendo indispensable, pero que también debe traducirse en bienestar, oportunidades y fortalecimiento de las instituciones democráticas.
