Son muchos los mexicanos que tienen puestas las esperanzas en acciones del gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles, grupos del crimen organizado, políticos y otros sujetos que han hecho de la corrupción una fortaleza.
El estado de derecho en México está en franca caída, especialmente a partir de la debilidad del Poder Judicial tras la elección de la mitad del aparato, lo que ha permitido que el partido gobernante controle los tres poderes.
México ocupa el puesto 121 de 143 en el Índice Mundial de Estado de Derecho del World Justice Project. México se encuentra en la posición 28 de 32 a nivel regional.
Amplios sectores de la población suelen decir que tarde o temprano los estadounidenses la emprenderán contra el crimen organizado; citan la férrea defensa de la presidenta Sheinbaum del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con la negativa a realizar una investigación a él, al senador Enrique Insunza y otros ocho funcionarios, con fines de extradición, veredicto que emitió un jurado ciudadano en la Corte Sur de Manhattan.
En el camino están las informaciones filtradas o expresadas directamente al gobierno mexicano por funcionarios de la administración Trump, quienes habrían entregado una lista de funcionarios morenistas vinculados con los cárteles.
La supuesta lista incluye desde los hijos del expresidente López Obrador y sus afines, personajes como Adán Augusto López Hernández y su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Educación, Mario Delgado, gobernadores como el citado Rocha Moya, el de Tamaulipas, Américo Villarreal, el de Sonora, Alfonso Durazo, el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y muchos más que han sido mencionados en publicaciones de diversos medios de comunicación.
Ha sido una constante la negativa de López Obrador y Claudia Sheinbaum de investigar a sus afines cuando han sido señalados, como el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, con el caso del huachicol fiscal, incluidos los extitulares de la agencia de aduanas.
El experto en seguridad, Edgardo Buscaglia, en el programa Aristegui Noticias, recordó que en el juicio mencionado contra los sinaloenses participó un jurado ciudadano independiente; los ciudadanos norteamericanos establecieron la probable responsabilidad de los mencionados con la delincuencia organizada.
Algunas voces sostienen que una alternativa es una especie de macroproceso como el que se desarrolló en Guatemala, para el caso de corrupción a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, un órgano independiente creado en 2007 por un acuerdo entre la ONU y el Estado guatemalteco para investigar redes político-criminales y desmantelar aparatos clandestinos de seguridad incrustados en las instituciones del país, pero para ello sería indispensable la participación del Estado mexicano, lo cual no sucederá por los señalamientos en contra de sus militantes presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Esta semana el presidente Trump levantó más polémica tras replicar un viejo comentario del analista conservador Bill O’Rally, quien sostiene que México no es amigo de Estados Unidos, porque Claudia Sheinbaum no acepta la participación de fuerzas estadounidenses para combatir a los cárteles.
Militantes de partidos de oposición han formulado peticiones para que se formalice un esfuerzo conjunto entre los dos gobiernos; incluso han participado en foros públicos y se han entrevistado con funcionarios gubernamentales y de otras instituciones.
Así las cosas, muchos mexicanos siguen creyendo que el remedio está en una acción del gobierno estadounidense como la emprendida contra Nicolás Maduro; creen firmemente que entre los planes de Donald Trump estaría una similar contra figuras morenistas, desde López Obrador, sus hijos, Rocha Moya y otros.
