La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que abrirá una carpeta de investigación propia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos, y subrayó que cualquier eventual extradición sólo podrá avanzar si existen pruebas suficientes conforme a la ley mexicana y, en el caso del mandatario estatal, si previamente se le retira el fuero mediante juicio de procedencia.
Mediante un mensaje a medios, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que la institución ya fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el gobierno estadounidense.
Precisó que, como en cualquier requerimiento internacional, la fiscalía debe revisar la documentación enviada para determinar si cumple con los estándares legales exigidos por México.
“La Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, señaló.
Revisarán si hay
pruebas reales
Ulises Lara remarcó que la legislación mexicana exige datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de delitos para poder solicitar órdenes de captura ante un juez.
Añadió que el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos establece con claridad que la entrega de una persona sólo procede cuando las pruebas presentadas sean suficientes conforme a las leyes del país requerido, en este caso México.
“Dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, afirmó.
Juicio político
La FGR también recordó que Rocha Moya, por su calidad de gobernador en funciones, cuenta con inmunidad procesal, por lo que antes de cualquier acción penal sería indispensable activar un procedimiento constitucional para retirarle esa protección.
“En el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal”, indicó Lara.
La fiscalía también lanzó un reclamo por la difusión pública del caso en Estados Unidos. Señaló que la propia solicitud estadounidense advertía que la información debía manejarse de forma confidencial y reservada, algo que no ocurrió al hacerse públicos los señalamientos.
Según Ulises Lara, esa reserva está prevista tanto en los tratados internacionales como en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, para proteger investigaciones en curso y garantizar el debido proceso.
El vocero insistió en que la FGR actuará con estricto apego a la ley y respeto a la soberanía nacional, sin aceptar presiones externas.
“De lo contrario se violentaría el Estado de derecho, así como los derechos y garantías de las personas requeridas”, sostuvo.
