La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), a quien señala de haber pactado con la facción de “Los Chapitos” para facilitar operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
El expediente judicial realiza también acusaciones contra el senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena); el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; y en contra de exjefes policiacos estatales y municipales; así como al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. En total son 10 funcionarios y exfuncionarios actuales o pasados de Sinaloa.
Según la acusación, Rocha Moya habría recibido apoyo criminal para ganar la gubernatura en 2021. El documento sostiene que antes de la elección sostuvo reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán López, en encuentros resguardados por sicarios armados con ametralladoras, donde —según los fiscales— los líderes criminales prometieron garantizar su triunfo electoral. A cambio, el hoy gobernador habría ofrecido colocar en puestos clave a funcionarios favorables al grupo delictivo.
Además, la imputación de las autoridades estadounidenses añade que en la jornada electoral de 2021 integrantes del cártel robaron urnas, intimidaron opositores y secuestraron adversarios políticos para favorecer la victoria del ahora mandatario. Incluso afirma que mandos de la Policía Estatal recibieron instrucciones de no intervenir ante denuncias de violencia en casillas.
Ya en el gobierno, sostiene EU, Rocha Moya permitió que “Los Chapitos” consolidaran control sobre corporaciones estatales y municipales, incluida la Fiscalía de Sinaloa, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán.
El documento describió una presunta red de sobornos mensuales pagados por la organización criminal a mandos policiacos y funcionarios, así como filtraciones de operativos, liberación de detenidos, protección a laboratorios clandestinos y uso de policías para perseguir rivales del grupo.
Por ejemplo, la acusación de que el actual subprocurador del estado, Dámaso Castro Zaavedra, recibía pagos mensuales cercanos a 11,000 dólares para alertar al cártel sobre operativos respaldados por Estados Unidos y evitar detenciones.
Por otro lado, uno de los señalamientos más graves recayó sobre Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, exmando de la Policía Municipal de Culiacán, acusado de colaborar en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y familiares suyos en represalia por cooperar con autoridades de Estados Unidos.
En caso de ser condenados los señalados tendrían penas de 40 años de prisión cadena perpetua.
“Carecen de veracidad”
Horas después de conocerse el caso, Rocha Moya rechazó los señalamientos a través de su cuenta en X.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió.
Más tarde Rocha Moya, afirmó que cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y rechazó modificar su agenda pública ya que aseguró que permanecerá en la entidad.
Durante un breve encuentro con medios de comunicación en Sinaloa, Moya evitó abundar sobre el caso, aunque aseguró que se enteró hasta este miércoles mediante comunicados públicos y negó haber sido notificado previamente sobre una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Responde cancillería
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos; sin embargo, tras una revisión preliminar, determinó que los expedientes no cuentan con elementos de prueba suficientes para sustentar la responsabilidad de las personas señaladas.
En un comunicado, la dependencia detalló que el pasado 28 de abril, a las 18:00 horas, se recibieron formalmente las solicitudes, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá evaluar su viabilidad conforme a la legislación mexicana.
Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en México indicó que las acciones judiciales emprendidas por fiscales estadounidenses forman parte de los esfuerzos conjuntos entre ambos países para combatir la corrupción y el crimen transnacional, y reiteró su compromiso de colaborar con México en el fortalecimiento del Estado de derecho.
El embajador Ronald Johnson informó previamente que la Embajada de EU tomó nota de la presentación de cargos penales contra Rocha Moya y nueve personas más.
“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos”, según una declaración.
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