Integrante del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF.
El mercado de seguros de gastos médicos mayores enfrenta uno de los mayores retos de las últimas décadas: el crecimiento sostenido del costo de la atención médica. En este contexto, recientemente se presentó una iniciativa de reforma cuyo objetivo es fortalecer la protección de los asegurados mediante una mayor transparencia en la contratación de seguros, la regulación de las prácticas entre aseguradoras y prestadores de servicios médicos, así como el fortalecimiento de las facultades de supervisión de las autoridades financieras. La propuesta también contempla mecanismos para facilitar la continuidad de la cobertura y fomentar una mayor competencia en el mercado.
La discusión resulta particularmente relevante si se considera que el gasto privado en salud representa cerca del 41% del gasto total en salud en México, uno de los porcentajes más elevados entre los países de la OCDE. A ello se suma una inflación médica que, durante los últimos años, ha oscilado entre 12% y 16% anual, significativamente por encima de la inflación general, presionando tanto el costo de los servicios hospitalarios como las primas de los seguros de gastos médicos.
Desde una perspectiva financiera, el incremento en las primas no responde únicamente a decisiones comerciales de las aseguradoras. La severidad de los siniestros ha aumentado como consecuencia del mayor costo de los procedimientos médicos, medicamentos de alta especialidad, innovación tecnológica, honorarios profesionales y servicios hospitalarios. En consecuencia, cualquier modificación regulatoria que pretenda contener el precio de las pólizas deberá atender también los factores que determinan el costo de la atención médica para preservar la suficiencia técnica de las primas y la estabilidad del mercado.
Por su parte, los prestadores privados de servicios de salud han manifestado que una mayor transparencia en la integración de tarifas puede fortalecer la confianza de los usuarios y mejorar la eficiencia del sistema. No obstante, también advierten que la regulación debe reconocer la creciente inversión requerida en infraestructura, equipamiento médico, digitalización y capital humano especializado para mantener estándares adecuados de calidad y seguridad del paciente.
Las implicaciones de la reforma trascienden al mercado asegurador. Los seguros privados constituyen un mecanismo complementario al sistema público de salud, al financiar una proporción importante de la demanda de atención médica que, de otra manera, sería absorbida por instituciones de seguridad social. En un entorno caracterizado por el envejecimiento poblacional, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y el incremento del gasto sanitario, preservar un mercado asegurador técnicamente sólido contribuye a disminuir presiones financieras sobre el sector público.
Desde la perspectiva del IMEF, el análisis de esta iniciativa debe considerar no sólo la protección del consumidor, sino también sus efectos sobre la estabilidad financiera del sistema de salud y la sostenibilidad del mercado asegurador. Una regulación integral que promueva transparencia, competencia y eficiencia en toda la cadena de prestación de servicios puede generar beneficios tanto para los asegurados como para las finanzas públicas.
El Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF considera que cualquier reforma en esta materia debe sustentarse en evidencia técnica y financiera, procurando un equilibrio entre la protección de los usuarios, la suficiencia actuarial de los seguros y la viabilidad económica de los prestadores de servicios de salud. Sólo mediante un enfoque integral será posible fortalecer la complementariedad entre el sistema público y el privado, ampliando el acceso a servicios de calidad sin comprometer la sostenibilidad del sistema nacional de salud.
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