Marina del Pilar Ávila está atrapada en una telaraña de la cual no puede salir. La gobernadora de Baja California, que lleva más de un año sin visa para entrar a Estados Unidos, sujeta a una investigación criminal de la que, sin detalles, conoce el gobierno, está teniendo problemas crecientes en Palacio Nacional, donde están cansados de ella. La presidenta, por lo que ha trascendido, está harta de que esté pagando los costos por defenderla, derivados de los errores políticos que no ha dejado de cometer la gobernadora desde que se difundieron grabaciones en las que se ofrece como informante del gobierno de Estados Unidos.
La exasperación de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene asideros muy fuertes. Ávila no tiene forma de defenderse. Las grabaciones de reuniones con agentes o intermediarios del gobierno de Estados Unidos y conversaciones telefónicas, publicadas el 21 de junio y el 13 de julio por el columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, expusieron sus traiciones a la presidenta, al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre la protegió; a la ‘4T’ y, sobre todo, a la patria.
Ávila se ha defendido en la arena pública, pero, como la caracterizan en Palacio Nacional, con poca inteligencia y sentido común. El ejemplo de ello lo dio el domingo pasado en una entrevista con Ilia Calderón en el programa “Esta semana” de N+ Univisión, donde quedan expuestas sus mentiras, contradicciones y determinación de convertirse en informante, a cambio, como sucede con este tipo de procesos, de evitar acusaciones penales en Estados Unidos, o paliativos a eventuales imputaciones del Departamento de Justicia.
Ávila, que está asesorada por Iván Silva, el consultor presidencial que maneja la estrategia de las 17 campañas para gobernador en 2027 –investigado de manera independiente a este caso por su relación con el crimen organizado en Tamaulipas–, buscó enfocar la entrevista en un contexto para que todo quedara reducido a un problema político dentro de la ‘4T’, alegando que el exgobernador Jaime Bonilla le tendió una trampa. La estrategia ha tenido éxito en México, pero Calderón no dejó que se le escapara en la entrevista y la hizo caer en contradicciones.
Aunque la gobernadora fue ambigua, mezclando cosas para producir confusión, traza una línea de tiempo, a partir de la insistencia de su entrevistadora, que dejó al descubierto sus mentiras. Ávila recuerda, sin precisar fechas, que en el verano del año pasado se reunió con Bonilla para resolver sus problemas, en donde le sugirió ponerla en contacto con unas personas que podrían ayudarla a resolver el problema de la cancelación de su visa en mayo del año pasado, que es cuando empieza su pesadilla. La gobernadora no tuvo reparos en hablar con la persona recomendada por Bonilla para ver lo del tema de su visa. Calderón la cuestiona sobre cómo confió en Bonilla, con quien había tenido una confrontación agria por varios años, y si no sabía con quién se estaba reuniendo.
Esa pregunta fracturó la lógica de su narrativa. Ávila identificó a esa persona como un “asesor” del “HSI”, las siglas de Homeland Security Investigations, que es el brazo del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de las operaciones globales contra terroristas y que realizó la captura de Ismael El Mayo Zambada. También dijo que representaba, en esa calidad, al FBI. Ninguna de esas agencias tiene que ver con el tema de las visas, que es responsabilidad última del Departamento de Estado.
Para cuando se dio esa reunión, Ávila ya había contratado a un abogado de Miami, Michael Nadler, que no trata asuntos migratorios, sino criminales y de lavado de dinero. Calderón, que no se conformó con la respuesta de Ávila –que le había funcionado en las entrevistas en México, dejando su contestación en la ambigüedad–, le sacó a la gobernadora que había buscado su asesoría “por todo esto”, reconociendo implícitamente que el tema de la visa no era su única preocupación.
En otra parte posterior de la entrevista, cuando insiste Calderón en el tema de Nadler, la gobernadora dice que lo había buscado por los planteamientos que le había hecho el “asesor” sobre el ofrecimiento de que fuera informante de Estados Unidos y para afinar en Panamá los detalles con las autoridades de su país. La mentira en la que la atrapa Calderón es que esa propuesta se realizó “a finales de noviembre, principios de diciembre”, cuando la contratación de Nadler la había hecho al menos seis meses antes. Es decir, mucho tiempo antes de esa reunión, Ávila ya estaba preocupada por posibles imputaciones penales.
Ese es el contexto que puede ayudar a medir sus palabras en las grabaciones reveladas por De Mauleón, donde Ávila ofrece informar sobre las discusiones en las mesas de seguridad al Departamento de Justicia y al “asesor” que le acercó Bonilla, que, efectivamente, como ya se ha publicado, ha sido informante del FBI desde hace buen tiempo, de acuerdo con un funcionario estadounidense. Calderón la presiona sobre este tema y la gobernadora evade, señalando que en las reuniones institucionales con autoridades estadounidenses se habla de temas de seguridad de interés bilateral.
Pero la entrevistadora no le preguntaba sobre esas reuniones, sino lo que promete en las grabaciones: entregarles todo lo que hubiera escuchado en las reuniones de las mesas de seguridad para resolver su situación legal en Estados Unidos. Ávila actuó fuera del marco institucional, violando la Ley de Seguridad Nacional e incurriendo en el delito de traición a la patria, al no informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la reunión que había tenido con el “asesor” estadounidense, ni haber reportado lo que hablaron.
De todo lo que reveló De Mauleón, la presidenta se enteró por De Mauleón. Introducir el factor Bonilla es un mero distractor para alargar su vida política. Sheinbaum tiene razón: la gobernadora es un lastre que tiene que quitarse.
