En enero de 1898, Émile Zola publicó en L’Aurore una carta abierta al presidente francés Félix Faure; la intituló “J’accuse…!”.
No era una pieza de retórica cómoda; era una denuncia frontal contra un Estado que había condenado por traición al capitán Alfred Dreyfus sobre pruebas manipuladas, secretos militares y un antisemitismo que contaminó a instituciones, prensa y opinión pública. Zola fue procesado y tuvo que exiliarse.
Dreyfus fue rehabilitado hasta 1906. Zola murió cuatro años antes de ver confirmada públicamente la verdad que defendió.
Una conversación con don Gastón Luken Aguilar me hizo volver a aquel episodio.
No porque la Francia de finales del siglo XIX y el México de hoy sean imágenes paralelas, sino porque ambos casos plantean la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando el Estado necesita un culpable emblemático para cerrar políticamente una historia que le involucra?
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio y vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con huachicol fiscal. Permanece en prisión en el penal del Altiplano.
Su defensa niega que haya participado en operaciones ilícitas y ha denunciado irregularidades en la detención, incomunicación y obstáculos para acceder a documentos necesarios para defenderse.
Una vinculación a proceso no es una sentencia, una acusación no sustituye a la prueba y una prisión de máxima seguridad no puede convertirse en el escenario desde el cual el gobierno dicte, antes que los tribunales, una condena pública.
Por eso, ¡yo acuso!
Acuso al Estado mexicano de intentar concentrar en un solo hombre la responsabilidad política y penal de una operación que, por su tamaño y complejidad, difícilmente pudo atravesar aduanas, controles fiscales, redes de transporte, instalaciones estratégicas y empresas compradoras sin que existieran fallas o complicidades gubernamentales y políticas.
Acuso a la Fiscalía de construir un relato espectacular alrededor de un personaje reconocible, mientras la ciudadanía sigue sin conocer con la misma claridad qué servidores públicos permitieron durante años el paso, almacenamiento y distribución de millones de barriles de crudo y miles de millones de litros de combustible.
Acuso al gobierno de utilizar la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado.
Si la comparecencia de Ruffo podía garantizarse mediante medidas menos gravosas, enviarlo al penal del Altiplano no parece una decisión neutral; proyecta peligrosidad, culpabilidad y escarmiento antes de que exista sentencia; parece más bien un mensaje para la oposición, para quien piensa distinto, un mensaje inhibidor, disuasivo.
Acuso también al poder político de administrar selectivamente la indignación. Combatir el contrabando de combustibles exige llegar hasta el último responsable, sea empresario, militar, funcionario, dirigente partidista o beneficiario electoral.
Elegir solamente al adversario más rentable para la narrativa oficial no es justicia, es propaganda judicial.
Ernesto Ruffo no es un ciudadano cualquiera en la historia democrática de México.
En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición que derrotó al partido hegemónico.
Ese antecedente no lo coloca por encima de la ley, pero obliga a que la ley se aplique con pulcritud indiscutible, siguiendo las reglas del debido proceso, lo que, entre otras cuestiones, implica actuar con transparencia ante la ciudadanía.
No afirmo que la historia ya haya dictado su veredicto; exijo que no lo dicte el gobierno.
Que la Fiscalía pruebe cada imputación, que la defensa tenga acceso pleno al expediente y a sus documentos, que se investigue la cadena institucional completa y que ningún cargo público quede protegido por conveniencia política.
La lección del caso Dreyfus no es que todo acusado célebre sea inocente; es otra, más incómoda: un Estado puede equivocarse, puede encubrir sus errores y puede fabricar consenso alrededor de una injusticia.
También enseña que callar frente al abuso nos vuelve cómplices.
Defender hoy el debido proceso de Ernesto Ruffo Appel no significa absolverlo por anticipado; significa defender la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el derecho de todos los mexicanos a no ser utilizados como piezas de una operación política.
¡Sí! ¡Yo acuso! Acuso al Estado mexicano de querer convertir un proceso penal en una cortina de humo y acuso a quienes, desde el poder, pretenden que una figura de la transición democrática cargue por sí sola con una red que ningún individuo pudo construir ni operar sin complicidades gubernamentales y partidistas.
La justicia debe investigar a todos por igual y bajo las mismas condiciones.
La convivencia civilizada exige que no se condene a nadie antes de probarlo.
