Es un hecho que, medido por el PIB, el desempeño de la economía durante los últimos siete años ha sido bastante malo. En los seis trimestres que lleva el gobierno de la presidenta Sheinbaum, en tres de ellos el crecimiento a tasa trimestral ha sido positivo y en tres negativo (el último fue la contracción de 0.6% registrada en el primer trimestre de este año), aunado a que el valor del PIB en el primer trimestre de 2026 fue 2% inferior al producido en el tercer trimestre de 2024, el último del gobierno de López.
Al respecto, durante una mañanera en la semana pasada, la presidenta afirmó: «El indicador que desde hace tiempo se utiliza para determinar lo positivo o no de una economía es el Producto Interno Bruto, que formalmente es la riqueza generada en un país. Sin embargo, el PIB es un indicador muy agregado que no habla de muchas otras cosas, como, por ejemplo, la distribución de la riqueza; no habla del incremento de los derechos del pueblo». También señaló: «Hay muchas maneras de conocer las características de la economía del país y nosotros preferimos que no solo sea el PIB, sino que sean muchos otros indicadores que nos hablen de cómo va desarrollándose México».
Tiene toda la razón la presidenta; hay que ver otros indicadores. Pero primero una corrección. El PIB no es la riqueza generada en un país; es el valor agregado de todos los bienes y servicios de uso final producidos en la economía en un periodo determinado. La riqueza es un acervo y el PIB es un flujo.
Veamos ahora otros indicadores. Primero, unas comparaciones internacionales.
En términos absolutos, la economía mexicana es la decimotercera más grande del mundo, pero en términos del PIB por habitante ajustado por la paridad del poder de compra es la número 66. México es una de las economías más grandes del orbe porque es un país grande, con un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de 15 años y más de 105 millones, de los cuales están ocupados laboralmente 60 millones. Grande, pero con una muy baja productividad.
En el Índice de Desarrollo Humano 2023, elaborado por la ONU y que considera como sus tres principales indicadores el PIB por habitante, el nivel de escolaridad de la población y la esperanza de vida, México ocupó el lugar 81 de entre 193 países considerados, con una puntuación de 0.789. Los cinco primeros lugares fueron Islandia, Noruega, Suiza, Dinamarca y Alemania, mientras que nuestros socios en el T-MEC, Canadá y Estados Unidos, ocuparon los lugares 16 y 17, respectivamente.
En la misma línea, el Índice Global de Progreso Social, elaborado por la organización Social Progress Imperative y que considera tres grandes agregados: necesidades básicas, bases para el bienestar y oportunidades, de entre 170 países, México ocupó el lugar 70 con un puntaje de 69.3. El mismo estudio, aplicado a las 32 entidades federativas de nuestro país, lo elabora la organización México, ¿cómo vamos?
En el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional correspondiente a 2024, México, con un puntaje de 27/100, se situó en el lugar 140 de entre un total de 180 países. La corrupción en sus múltiples manifestaciones y formas es un cáncer que destruye el tejido social y actúa como un fortísimo impuesto al crecimiento económico y al progreso social. La desaparición del INAI hará más difícil conocer incidencias de corrupción gubernamentales, por lo que esta difícilmente disminuirá o se castigará.
Veamos ahora otros indicadores en el ámbito interno.
Dos calificadoras de valores, Fitch y Moody’s, colocaron la deuda del gobierno en el último escalón previo a perder el grado de inversión, mientras que la tercera, Standard & Poor, la mantiene en dos escalones arriba, pero con perspectiva negativa. La debilidad estructural de las finanzas públicas, caracterizadas por una relativamente baja recaudación tributaria junto con compromisos de gasto público, incluidas las transferencias a la notoriamente ineficiente, quebrada y perdedora Pemex, ponen en riesgo la calificación de la deuda. A estas hay que sumar las también crecientes transferencias a los perdedores caprichos de López (Tren Maya, Ferrocarril Interoceánico, AIFA, Mexicana, etcétera).
A lo anterior hay que agregarle los compromisos de gasto derivados de esos «derechos sociales», particularmente las transferencias en los programas de pensiones no contributivas para hombres desde los 65 años y para las mujeres a partir de los 60 años cumplidos. Sin contar los aumentos discrecionales que pudiesen decretarse al monto de las transferencias, la pura dinámica poblacional, con una proporción creciente de adultos mayores, pondrá presiones cada vez más elevadas sobre las de por sí ya débiles finanzas públicas.
Finalmente, un indicador de qué tan bien va una economía es el empleo y aquí las cosas pintan mal: en el periodo enero-mayo de este año el empleo total ha aumentado en solo 26,000 personas, con una caída en el empleo formal de 343,000 y un incremento en el empleo informal de 370,000 personas. He aquí el reflejo de una economía que no crece.
