Quizás este sea el segundo sexenio consecutivo en que el PIB por habitante se contraiga como resultado de una economía que no se expande más rápido de la, ya de por sí, muy baja tasa de crecimiento de la población. De entrada, para este año, dada la expectativa de que el PIB solo crezca 0.8% (pronóstico de la OCDE), resultaría en una caída del PIB per cápita de 0.4%, el segundo año consecutivo en que se reduciría.
Desde el sexenio pasado, e iniciando con la absurda y, por lo mismo, notoriamente errónea y costosa decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, la destrucción institucional que le siguió fue creando un arreglo que desincentivó la inversión privada y, por lo mismo, el crecimiento. Esto se agravó con las también absurdas decisiones de inversión pública en diversos proyectos con una tasa de rentabilidad social negativa que, por lo mismo, en lugar de generar riqueza para la nación, la destruyen, destacando la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, el Ferrocarril del Istmo y el AIFA que, además, al ser deficitarias, son una fuente de presión sobre las ya de por sí frágiles finanzas públicas.
Además, hay que agregar la decisión de seguir inyectando recursos a PEMEX sin siquiera haber intentado resolver sus problemas estructurales, por lo que sigue siendo deficitaria, y la decisión que se tomó en el sector eléctrico de discriminar a la inversión privada, así como la también absurda decisión de prácticamente no invertir en la ampliación de las redes de transmisión y distribución de electricidad; no tener garantizado el abasto de energía eléctrica a bajo costo también se constituye en un elemento que desincentiva la inversión privada.
El costo en términos de crecimiento de todas estas decisiones palidece frente al que se deriva de la destrucción de los contrapesos institucionales al ejercicio autoritario del poder. Aquí entran la eliminación de tres órganos autónomos del Estado mexicano (INAI, IFT y Cofece), la captura de los órganos electorales (INE y TRIFE) y, por sobre todo, la aberrante reforma judicial que destruyó la independencia del Poder Judicial, lo que, aunado a las reformas a la Ley de Amparo, mermó significativamente la certeza jurídica de garantía y defensa de los derechos individuales, incluido el derecho a la propiedad privada de bienes y recursos, así como la garantía judicial de imparcialidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de contratos.
La destrucción del arreglo institucional iniciada durante el sexenio pasado y que se aceleró durante septiembre del año pasado y en los primeros meses de este gobierno impactó negativamente a la inversión. Así, la formación bruta de capital ya acumuló, a partir de septiembre de 2024, 19 meses consecutivos de caída a tasa anual. Peor aún, la muy baja tasa de inversión bruta implica que ni siquiera se está reponiendo la depreciación del capital, por lo que la inversión fija neta ha caído a tasas aún mayores, lo que implica que el acervo de capital de la economía está prácticamente estancado, si no es que hasta cayendo.
Para agravar la caída que ha tenido la inversión neta por su impacto negativo sobre el crecimiento, la productividad laboral también ha caído en los últimos años. Así, para el sector secundario (industria), la productividad por persona ocupada en el primer trimestre de este año fue 5% inferior a la del primer trimestre de 2019, mientras que la caída en el sector terciario (servicios) ha sido de 8%. Sin inversión y con la productividad factorial cayendo, el único resultado es una economía que no crece.
La caída en la productividad laboral agregada se explica, parcialmente, por el crecimiento que ha tenido el sector informal de la economía, en donde labora el 30% de la población ocupada. Unidades de producción ilegales (aunque produzcan bienes legales) son naturalmente pequeñas, con una muy baja escala de producción y con tecnología obsoleta, pero que siguen operando, inclusive compitiendo con las empresas formalmente constituidas, porque no incurren en los costos burocráticos ni en los costos derivados de las aportaciones patronales a la seguridad social ni pagan impuestos. Estas pequeñas empresas, con la muy baja productividad con la que operan, se constituyen como un pesado lastre sobre el crecimiento de la economía.
Otro factor que también incide negativamente sobre el crecimiento es la muy baja calidad del servicio educativo provisto en las escuelas públicas, misma que se ha deteriorado todavía más con la cancelación de la reforma educativa de 2013 para empoderar al sindicato magisterial, junto con la “Nueva Escuela Mexicana”, que implica programas y materiales de estudio de menor calidad. Egresados del sistema escolar con un nivel de capital humano bajo y de mala calidad, analfabetos funcionales, dificultan su inserción de manera productiva en el mercado laboral. Además, al enfrentarse las empresas a una mano de obra con un bajo nivel de capital humano, les encarece la adopción de nuevas tecnologías de producción, hecho que a su vez se traduce en una productividad factorial total estancada.
El gobierno ha construido un arreglo institucional que le permite acumular poder; el costo es haber sacrificado el crecimiento.
