El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió ante consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) que está de acuerdo en que debería posponerse de 2027 a 2028 la segunda elección de juzgadores del Poder Judicial.
“Yo lo veo positivamente”, dijo al referirse a la propuesta que entregó la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a la Junta de Coordinación Política del Palacio Legislativo.
Compartió también que “si se pospone, lo ideal sería que también pudiéramos modificar ciertas reglas electorales para la elección del Poder Judicial y evitar los tan traídos y llevados acordeones”.
“Se modifican las reglas, en los consejos de selección de aspirantes, en los requisitos de aspirantes, en el papel que juegue la carrera judicial, el Poder Judicial en su escuela, para seleccionar jueces. Se puede”, dijo.
Posponer elección judicial ahorraría 2 mil millones de pesos
Aunque aclaró que la conveniencia o decisión de convocar o no a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso no corresponde al INE, sino a los diputados, Taddei compartió lo planteado por el diputado Monreal, en el sentido de que es urgente definir el miércoles la convocatoria al periodo extraordinario, porque “los tiempos se agotan”.
Estimó que si se pospone la elección habría un ahorro de alrededor de 2 mil millones de pesos.
Coincidió en que la reforma a la reforma al Poder Judicial debe aprobarse “antes del 3 de junio, porque es reforma constitucional y se debe acudir a los Congresos locales”.
Insisten en usar ‘acordeones’ para la elección judicial
Por eso, Taddei advirtió que “si para el 3 de junio no tenemos nosotros esta respuesta, habremos de preparar, operativamente, todo como está ahorita la ley” y no hay plan B. Dijo que se pueden mantener los acordeones, que para ella son “guías de votación”, “prácticas para la votación, por la cantidad de candidatos y votaciones”, dijo.
Taddei, acompañada de ocho consejeros y de la secretaria ejecutiva, Claudia Espino, entregó un amplio documento de 192 cuartillas, en el que básicamente plantean que “se identifican diversas complejidades de carácter normativo, operativo, logístico, tecnológico y presupuestal asociadas a la concurrencia del proceso electoral ordinario y del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación”.
“Estas complejidades impactan las actividades de planeación, coordinación institucional, integración de órganos electorales, capacitación, producción y distribución de documentación y materiales electorales, operación de sistemas informáticos, así como el desarrollo de la jornada electoral y de los cómputos respectivos”, agregó.
Por ello, y “para garantizar condiciones óptimas para la organización y desarrollo de ambos procesos, se considera necesario proponer al Congreso las reformas constitucionales y legales correspondientes”.
