La Plataforma Única de Identidad (PUI) no es una iniciativa en construcción, es una obligación vigente que está redefiniendo la relación entre el Estado, la identidad y el sistema financiero. Y detrás de esta política pública hay un objetivo profundamente sensible: contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas.
Pedir el apoyo de las instituciones financieras en este proyecto no es menor; es un reconocimiento explícito de su relevancia en la vida cotidiana de millones de mexicanos y de su capacidad para generar trazabilidad de la identidad en tiempo real. Pero ese reconocimiento también implica responsabilidad.
La obligación deriva del artículo 12 Bis de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de los lineamientos publicados en noviembre de 2025. El manual técnico se emitió en enero de 2026 y, la autoridad ha sido enfática: la obligación subsiste y los plazos corren. De hecho, el plazo de inscripción venció el 31 de marzo de 2026. Esto cambia por completo la conversación. Ya no estamos en fase de análisis, sino de ejecución.
Además, el alcance es mucho más amplio de lo que muchos anticipaban. El objetivo es contar con bases de datos que incluyan CURP, incorporando las de las instituciones privadas educativas y a prácticamente todo el ecosistema financiero -bancos, aseguradoras, fintech, transmisores de dinero-.
Existen algunas dudas sobre si se requiere consentimiento del titular para compartir información en este contexto, pero al tratarse de un mandato legal vinculado a seguridad pública es evidente que no es necesario. Tampoco se vulnera el secreto financiero: el modelo está diseñado con estándares robustos de cifrado, control de accesos y trazabilidad.
Desde el punto de vista operativo, la exigencia es significativa. No se trata solo de registrarse. La integración implica construir capacidades técnicas-interoperabilidad vía endpoints, autenticación segura, monitoreo continuo-, cumplir con estándares de ciberseguridad y establecer procesos internos claros donde el área de Cumplimiento/PLD muy seguramente tendrá que asumir esta nueva responsabilidad en coordinación con tecnología y jurídico.
El costo de no actuar tampoco es teórico. Existen sanciones administrativas relevantes, que pueden alcanzar más de dos millones de dólares, e incluso implicaciones mayores al tratarse de un esquema vinculado a procesos de búsqueda de personas.
Pero más allá del riesgo, hay una lectura estratégica. La PUI representa uno de los esfuerzos más ambiciosos de interoperabilidad de datos en México. En ese sentido, el papel de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es central pues no sólo es el ejecutor técnico, sino el habilitador de una nueva arquitectura institucional donde la identidad digital se convierte en infraestructura crítica.
El reto de la Agencia es enorme: coordinar múltiples fuentes de información, garantizar seguridad y generar confianza. Pero también es una señal clara de hacia dónde se mueve el país. En este contexto, desde el sector financiero mexicano existe disposición para acompañar este proceso con una visión técnica y constructiva. En espacios como UNIFIMEX hemos comenzado a prepararnos y a articular capacidades que permitan no sólo cumplir, sino aportar experiencia en la implementación.
Estoy convencida de que la Plataforma Única de Identidad no es únicamente una herramienta tecnológica; es una oportunidad para alinear esfuerzos entre gobierno e instituciones financieras en favor de un objetivo común: un México más seguro, más incluyente y con mayor confianza. Y a esta tarea, hay que entrarle de lleno y sin titubeos.
