Ya López Obrador había embestido contra las llamadas “pensiones doradas” de varios funcionarios públicos de la “época del neoliberalismo”. Las calificó como pensiones excesivas y privilegiadas, muchas de ellas otorgadas por decisiones políticas discrecionales pasando por encima de las reglas de edad, años de servicio y prestaciones legales. Evidentemente sí hubo casos abusivos donde se aprobaron bajo condiciones éticamente cuestionables para favorecer a ciertos funcionarios. Típicamente ese ha sido el caso en las empresas públicas como PEMEX, CFE, CLyFC, el llamado régimen RJP del IMSS y entidades de la Banca de Desarrollo. No se defiende que sigan existiendo las “pensiones doradas”. Pero de lo que se trata es de establecer reglas claras, transparentes, inamovibles y homogéneas.
Claudia Sheinbaum ha retomado el cuestionamiento a las “pensiones doradas”, lo cual, en principio, parece razonable para eliminar privilegios y que las condiciones de los regímenes de pensiones públicas sean más equitativas. Pero, una vez más, yerra en la forma y la retórica. Emplea la narrativa de que su existencia “es injusta e ilegal”. Utiliza el ejemplo, que también AMLO usó, de un exsecretario de Hacienda que tiene dos pensiones elevadas de dos bancas de desarrollo donde fue titular sólo por unos años. Además, tiene pensión del ISSSTE. Es un mal ejemplo, porque en su caso, simplemente se apegó a lo establecido como una regla. Además, si cumple con los requisitos establecidos, cualquier persona puede tener el número de pensiones a las que legalmente tenga derecho.
Sheinbaum quiere proponer una reforma constitucional para eliminar esas pensiones elevadas, y establecer como regla que “ninguna de las pensiones de altos funcionarios podrá exceder la mitad del salario presidencial” (hoy la mitad son 65,000 pesos). Esto es un disparate, pues el salario de la Presidenta es una decisión política anual, mientras que las pensiones dependen de factores técnicos, como las aportaciones hechas durante la vida laboral, las reglas actuariales del sistema, la edad de retiro y el rendimiento de lo aportado, principalmente. Así que la propuesta es absurda porque vincula que una variable política fije el límite de un derecho que se deriva del trabajo. No hay fundamento ni financiero ni actuarial para esa vinculación. ¿Por qué no hacer las cosas bien?
Por otro lado, aunque no lo ha dicho claramente, la Presidenta favorecería aplicar esa reforma a los exfuncionarios que actualmente perciben esas jubilaciones de oro. Esa retroactividad es una mala idea, pues vendrían litigios y amparos, que seguramente se ganarían, ya que la acción iría en contra de derechos adquiridos.
La Presidenta ha expresado que la eliminación de esas jubilaciones privilegiadas le ahorrarían al gobierno 5,000 millones de pesos. Es una cifra irrisoria comparada con el gasto público en pensiones (sólo contributivas) de 1.6 billones de pesos en este año, o sea, representa 0.3% de ese total.
Es una lástima que, en vez de pensar en cómo se debe reformar seriamente el sistema de pensiones —que es una bomba de tiempo—, la Presidenta prefiera proponer parchecitos irrelevantes con motivación política. Ah, pero eso sí, en su lista de “pensiones doradas” no mencionó que algunos mandos militares retirados están en esa situación.
