En la ciudad de Mexicali, el 12 de agosto de 2025, el termómetro marcó 52.7 ºC, una nueva temperatura récord en México, en un año en el que hasta el 85% del territorio nacional se vio afectado por la sequía, provocando el desabastecimiento de agua para cultivos y embalses. Al mismo tiempo, el país también ha enfrentado episodios de lluvias intensas e inundaciones que causaron víctimas mortales y pérdidas económicas.
Los riesgos climáticos siguen manifestándose con fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y frecuentes como estos, no solo en México, sino en toda América Latina y el Caribe. En los próximos meses, se prevé que un nuevo episodio del fenómeno climático de El Niño altere los patrones de precipitación, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
Algunas áreas enfrentarán sequías más severas, mientras otras regiones podrían registrar lluvias intensas e inundaciones; El Niño puede aumentar el riesgo y la intensidad de incendios forestales, como ha ocurrido en episodios precedentes, así como afectar la disponibilidad de pasto y los recursos pesqueros. Todos estos factores ponen en riesgo los medios de vida de las zonas rurales.
Los productores agropecuarios de pequeña escala son particularmente vulnerables a estos impactos climáticos porque suelen carecer de los activos y capacidad financiera necesarios para hacerles frente y absorber las pérdidas.
Esta coyuntura nos recuerda la importancia estratégica de la inversión a largo plazo en resiliencia climática en zonas rurales para gestionar mejor los riesgos, proteger sus activos y recuperarse de las crisis. Invertir en la capacidad de una comunidad para hacer frente, responder y adaptarse ante eventuales shocks climáticos y económicos genera un gran retorno social y económico: el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha constatado que sus inversiones incrementaron rentas, capacidad productiva y acceso a los mercados de los productores agropecuarios en más de un 30%.
La resiliencia se construye mediante inversiones destinadas a restaurar suelos degradados, promover sistemas agroforestales, proteger cuencas hidrográficas, ampliar el acceso a información meteorológica y a instrumentos financieros, como los seguros. En igual medida, la inversión en infraestructura rural facilita el acceso de los productores a los mercados, mientras que el desarrollo de actividades que agregan valor a la producción contribuye a fortalecer las economías locales y generar oportunidades de empleo más estables.
Los territorios rurales de México cuentan con valiosos ejemplos de resiliencia impulsados directamente por sus pueblos. En la Mixteca Alta de Oaxaca, comunidades indígenas chocholtecas y mixtecas han restaurado más de 25,000 hectáreas mediante obras de conservación de suelo y reforestación. Después de más de 20 años de trabajo, la recuperación de los recursos naturales ha contribuido a mejorar la disponibilidad de agua para las comunidades en una zona árida que estaba degradada.
Por su parte, en Michoacán, la comunidad indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro ha construido un modelo de desarrollo basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Una de las actividades que desarrollan es la extracción y transformación de la resina, que se procesa en una planta para elaborar productos de valor agregado, generando así empleos y mayores ingresos.
En esta comunidad, el resinero representa la unión entre desarrollo económico y conservación de la naturaleza: es el primer eslabón de la cadena productiva en la extracción de la resina y, al mismo tiempo, un guardián del bosque frente a amenazas como la tala ilegal o los incendios. La comunidad cuenta, además, con su propia brigada comunitaria antincendios que actúa como primera línea de defensa.
La experiencia de restauración de paisajes en Oaxaca y el modelo de manejo forestal sostenible de la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro reciben el apoyo del proyecto Cuenca Balsas, implementado por la Comisión Nacional Forestal y cofinanciado por el Gobierno de México, el FIDA y el Fondo Verde para el Clima. Con una inversión conjunta de USD 90 millones, el proyecto busca fortalecer la resiliencia climática mediante un enfoque que combina restauración ambiental, desarrollo productivo e inclusión económica en ocho estados: Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Como institución financiera internacional dedicada exclusivamente a transformar las economías rurales, el FIDA trabaja junto con gobiernos y otros socios financieros para movilizar recursos que generen oportunidades económicas de largo plazo en las comunidades. Desde 1980, el FIDA ha invertido en 12 proyectos en México con un valor total de USD 500 millones, incluyendo recursos propios y de otros socios financiadores.
La adaptación al cambio climático es un eje fundamental de las inversiones del FIDA en México y seguirá siendo una de las principales líneas de acción en los próximos años. La nueva estrategia país del FIDA para el período 2026-2031, elaborada junto al Gobierno de México, da prioridad al incremento de la productividad agropecuaria y el acceso a mercados de los pequeños productores, así como a la inclusión económica de mujeres y pueblos indígenas, todo ello junto a la adopción de prácticas resilientes al clima que contribuyan a la sostenibilidad de productores y ecosistemas.
El cambio climático seguirá presentándonos nuevos y mayores desafíos durante las próximas décadas. La respuesta a un nuevo récord de temperatura o a una nueva sequía no pasa únicamente por reaccionar ante las emergencias, sino por fortalecer desde hoy las capacidades de las comunidades para enfrentarlas y adaptarse.
* Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
