La revisión/renegociación del T-MEC va bien, pero la recta final traerá duras pruebas para México y, quizá, temas nuevos. En la agenda de Estados Unidos está la exigencia de reforzar el combate a la corrupción y la preocupación sobre la posible influencia del crimen organizado en sindicatos y empresas. ¿Cómo responderá México?
El capítulo 27 del T-MEC incluye compromisos muy claros en combate a la corrupción. Los países firmantes deben emitir leyes que penalicen el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas a un funcionario público; adoptar medidas para seleccionar y capacitar funcionarios públicos en puestos vulnerables a la corrupción. Incluye compromisos en materia de transparencia y seguimiento al patrimonio de los funcionarios. Obliga también a identificar y gestionar los conflictos de interés; facilitar el reporte de los actos de corrupción y ayudar a las empresas para que eliminen los pagos de facilitación.
¿Ha hecho la tarea el Gobierno mexicano? Una encuesta hecha a socios de la American Chamber de México en 2024 consigna que 84% consideraba que el Estado mexicano hace poco o nada para hacer valer el Estado de Derecho. Menciono este documento de la American Chamber por el papel que esta organización juega en representación de las empresas estadounidenses que operan en México.
¿Qué va a hacer el Gobierno de Estados Unidos? El mensaje del embajador Ronald Johnson en Sinaloa fue durísimo. Escogió la colocación de la primera piedra de una inversión de 3,300 millones de dólares para lanzar una serie de advertencias. Para quienes no lo entendieron, el periódico Los Angeles Times publicó un artículo que es también una exégesis del discurso. Es el comienzo de una campaña anticorrupción de parte de la Administración Trump que tiene en la mira a funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.
El diplomático hizo algunas referencias al daño que hace la corrupción: “eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados… la inversión es clara y se aleja de la corrupción… ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia, donde la rendición de cuentas es opcional”.
No hubo sutilezas de parte del embajador. Solo le faltó decir: “Aquí ya no está Ken Salazar. Adiós a los sombreros y a las complacencias”. El artículo de Los Angeles Times advierte que habrá algo más que cancelaciones de visas. En el aire está la posibilidad de que haya detenciones y acciones legales en tribunales estadounidenses contra los funcionarios mexicanos.
¿Cómo se utilizará el Capítulo 27 del T-MEC en la negociación y en la gestión cotidiana de la relación económica? Podríamos entrar a una etapa donde la Embajada abre una ventanilla para gestionar denuncias de corrupción que afecten a las empresas o ciudadanos estadounidenses. Quizá tengamos un activismo parecido al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que ha llevado a la arena del T-MEC treinta y tantos asuntos que antes se suponía eran solo competencia de las autoridades mexicanas, por ejemplo democracia sindical.
Hablando de vida sindical, en fechas recientes ha quedado claro que una preocupación de los estadounidenses es la posible presencia del crimen organizado en los sindicatos y las empresas. El caso de la Minera Camino Rojo de Zacatecas en el que la compañía utilizó a grupos criminales para amedrentar a los trabajadores.
En el aire está el riesgo de extorsión a trabajadores y empresas. El peligro de que un grupo criminal se infiltre en la vida de una empresa y pueda afectar infraestructura estratégica o cadenas de valor integradas a nivel regional, por ejemplo minería, automotriz, agroalimentario. ¿Le toca resolverlo y dar garantías a la Secretaría del Trabajo o a la Secretaría de Gobernación? ¿Habrá colaboración con Estados Unidos o apelación a la defensa de la soberanía?
