La mayoría de los modelos económicos que calculan el costo del cambio climático se concentran en sectores visibles para las finanzas públicas y privadas: agricultura, infraestructura, energía o turismo. Son áreas donde las pérdidas pueden cuantificarse con relativa facilidad. Mucho menos visible resulta el impacto ambiental sobre la salud de las infancias, aunque sus consecuencias terminan reflejándose durante años en hospitales, presupuestos públicos y niveles de productividad económica. Se trata de un costo que rara vez aparece en las estrategias climáticas, pero que ya está siendo pagado por las familias y las instituciones de salud.
En México, distintos casos muestran cómo el deterioro ambiental puede convertirse en una factura sanitaria de largo plazo. En Poncitlán, Jalisco, investigaciones desarrolladas en comunidades cercanas al Río Santiago y al Lago de Chapala han documentado la presencia de metales pesados y sustancias tóxicas en el agua, asociadas a décadas de actividad industrial y agrícola insuficientemente regulada.
Entre los efectos registrados destacan daños renales en menores y un mayor riesgo de enfermedad renal crónica en la población infantil. El tratamiento de estos padecimientos implica costos elevados y prolongados para el sistema de salud, pero rara vez se contabiliza como una consecuencia directa de la degradación ambiental que los originó.
La contaminación atmosférica ofrece otro ejemplo. Estudios realizados en la Ciudad de México han identificado alteraciones genéticas en recién nacidos asociadas a la exposición materna a contaminantes provenientes del tráfico vehicular. Los hallazgos incluyen modificaciones en el ADN y una mayor incidencia de bajo peso al nacer.
La evidencia científica ha mostrado que estas condiciones pueden traducirse en mayores riesgos de enfermedades crónicas, dificultades en el desarrollo cognitivo y menores oportunidades económicas en la vida adulta. Lo que inicia como un problema ambiental termina convirtiéndose en una carga acumulativa para los sistemas de salud, educación y protección social.
La dimensión económica de estos impactos suele pasar inadvertida porque sus efectos se distribuyen a lo largo de décadas. Un niño que desarrolla una enfermedad crónica relacionada con la contaminación requerirá atención médica continua, medicamentos, estudios especializados y, en algunos casos, tratamientos altamente costosos.
A ello se suman las afectaciones indirectas: ausentismo escolar, reducción del rendimiento académico, pérdidas de ingresos para las familias cuidadoras y una menor productividad futura para la economía en su conjunto. Son costos reales, aunque dispersos y difíciles de asociar a una sola decisión de política pública.
A escala global, UNICEF estima que más de mil millones de niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos climáticos y ambientales graves. Tan solo en 2024, alrededor de 242 millones de estudiantes vieron interrumpidas sus clases por fenómenos meteorológicos extremos.
En México, las olas de calor y la escasez de agua ya han provocado suspensiones escolares en distintas entidades, evidenciando que los efectos climáticos no solo afectan ecosistemas o infraestructura, sino también procesos fundamentales para el desarrollo humano, como el aprendizaje y la formación de capacidades.
El problema es que estos impactos continúan ocupando un lugar marginal en los análisis económicos que orientan la política climática. Cuando los estudios de costo-beneficio omiten el deterioro de la salud infantil, el costo real de la inacción parece menor de lo que es. Como resultado, las inversiones en adaptación, mitigación y prevención suelen quedar por debajo de lo necesario. En otras palabras, se subestima el valor de actuar hoy porque no se contabilizan plenamente las consecuencias que enfrentarán las próximas generaciones.
Los niños con daño renal en Jalisco, los recién nacidos afectados por la contaminación atmosférica en la Ciudad de México o los estudiantes que pierden semanas de clase por eventos climáticos extremos raramente aparecen en los documentos que evalúan la rentabilidad de las acciones ambientales.
Sin embargo, sus tratamientos médicos, sus necesidades educativas y las pérdidas asociadas a sus oportunidades de desarrollo sí terminan reflejándose en el gasto público. La paradoja es evidente: los costos del cambio climático aparecen cada vez con más frecuencia en el presupuesto de salud, pero siguen ausentes de buena parte de la política climática.
Adelaido Corcino Martínez es investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la IBERO Ciudad de México.
