No sé qué sorprende más: la incapacidad de oír, aunque te lo repitan una y otra vez, o el convencimiento de que, negando la realidad, ésta desaparecerá.
El gobierno mexicano está bajo asedio. El que lo asedia, el que lo acorrala, el que le crea problemas, el que parece tener perfectamente claro el timing de cómo, cuándo y dónde atacar, es el gobierno de los Estados Unidos. No tenemos escapatoria geográfica, económica ni política.
Son 3,145 kilómetros de frontera común; cerca de 40 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos; un voto latino que ya pesa de manera decisiva en la política norteamericana; y una interdependencia económica que hace imposible no entender con mucho cuidado dónde y cómo está sostenida la relación bilateral.
Hoy por hoy, esa relación está sostenida bajo el asedio permanente de lo que uno ha descubierto sobre el otro, de lo que uno cree saber del otro y de las amenazas expresas o latentes que recorren todo el panorama político, social, económico y judicial de la relación entre México y Estados Unidos.
Resulta de una ingenuidad casi tierna andar pidiendo pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas como si la exigencia jurídica, por sí sola, pudiera detener una ofensiva política perfectamente diseñada.
Pedir pruebas es indispensable en un Estado de derecho. Pero creer que esa exigencia basta para contrarrestar una estrategia de presión, señalamiento, sanción, filtración y amenaza desde Washington es, más que cinismo, una candidez peligrosa. Sobre todo cuando, por detrás, por encima y por debajo de ti, no existe una estructura jurídica e institucional suficientemente fuerte para acompañarte, defenderte y responder con algo más que una declaración en la mañanera.
El asedio existe porque hay un calendario perfectamente establecido, amenazas reiteradas y planteamientos repetidos desde el presidente de Estados Unidos hasta distintos funcionarios de su administración. Mientras tanto, nosotros seguimos mirando al infinito, convencidos de que, como no es posible encontrar un socio comercial mejor, y como al final del día pesa aquella maldición de estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, eso evitará que nos pase lo peor.
No estamos a la espera de la tragedia, lo peor ya está pasando. No necesitan invadir con soldados, tanques ni aviones indetectables. Han invadido con la sospecha permanente. Han ocupado el terreno político con acusaciones, advertencias, filtraciones, investigaciones y listas. Han obligado a la administración mexicana a gastar más energía en defenderse, negar, contener daños, administrar información y tratar de salir lo mejor librada posible de acusaciones que, en cualquier caso, son gravísimas.
La presidenta Sheinbaum encabeza un país que sigue siendo una de las principales economías del mundo. Un país que, aun con tensiones con su vecino, no es un actor sustituible por la fuerza ni un territorio que pueda ser administrado desde una oficina en Washington.
Jugamos con fuego cuando reducimos el problema a la idea de que “muchas veces se piden cosas” y usamos como ejemplo a las tres instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro. Si es verdad lo que dice la presidenta y esas instituciones fueron golpeadas reputacional y operativamente sin que a México se le hubieran entregado pruebas suficientes, entonces la cuestión es mucho más seria de lo que parece.
Si es verdad que lo que recibió México fue apenas documentación insuficiente del Departamento del Tesoro para justificar el golpe contra esas tres instituciones financieras, las preguntas inmediatas son inevitables: ¿qué hizo el gobierno mexicano frente a esa acusación?, ¿cómo respondió institucionalmente?, ¿con qué instrumentos legales y diplomáticos defendió los intereses del país? Pero, sobre todo, ¿cómo actuará a partir de aquí?
Eso es difícil de contestar porque, le guste o no, lo sepa o no, lo acepte o no, México es un país absolutamente indefenso desde el punto de vista de la defensa legal de sus intereses.
Tenemos una Fiscalía General de la República que, tal vez, sirva para meternos en la cárcel a usted o a mí, pero que desde luego no ha demostrado servir para defender al Estado ni para perseguir de oficio los crímenes que se cometen contra todos nosotros cuando lo que está en juego es la integridad institucional del país.
Resulta increíble que, frente a acusaciones de colaboración con el narcoterrorismo, señalamientos de corrupción, sospechas sobre compra de elecciones y acusaciones hechas una y otra vez por el gobierno de Estados Unidos, no exista siquiera un instrumento aparente que pueda defender a México y a los mexicanos de lo que otros gobiernos dicen sobre nosotros.
Cuando una oficina del Departamento de Justicia se atreve a pedir, con fines de extradición, la detención de un gobernador en funciones –hoy con licencia– y, según la propia cancillería mexicana, no acompaña la solicitud con elementos probatorios suficientes, el problema deja de ser solamente jurídico. Se vuelve político, diplomático e institucional.
Tiene que saberlo el gobierno. Tenemos que saberlo todos: somos el país de la masacre judicial.
Tenemos que saber que, en caso de un grave conflicto jurisdiccional con Estados Unidos, no tendremos muchas posibilidades de defendernos con autoridad si nuestro propio sistema judicial llega debilitado, cuestionado y marcado por una elección de jueces que nació bajo sospechas, baja participación, confusión ciudadana y el implacable método del acordeón.
Cuando los jueces han sido elegidos en un proceso así, no tenemos mucha autoridad moral para defender los posicionamientos de la defensa mexicana, por muy bien ejecutados que estén o por muy fuertes que sean las pruebas que podamos aportar.
Vienen tiempos duros. Mucho más duros.
Al gobierno de Trump, de cara a las elecciones de medio término de noviembre de 2026, lo que más le conviene es el terror permanente. Le conviene una narrativa de amenaza, frontera, fentanilo, migración, corrupción, cárteles y mano dura. Y México está parado justo en el centro de esa narrativa.
Los intereses de Estados Unidos parecen haber colocado a México en una posición en la que ni siquiera puede defenderse dialécticamente frente a los ataques. El país, su administración y buena parte de su clase política viven hoy pendientes de las listas: de quién aparece, de quién puede ser señalado, de quién puede ser reclamado y de quién puede convertirse en el siguiente expediente abierto desde Washington.
El problema ya no está solamente en lo que se dice públicamente desde Washington, sino en lo que se administra en silencio desde sus agencias, sus fiscalías y sus departamentos de seguridad. Y a eso hace falta añadirle las listas de Trump. Las listas de los que en cualquier momento pueden ser señalados, investigados, sancionados, exhibidos, reclamados o extraditados. Las listas que funcionan como una advertencia permanente para funcionarios, empresarios, políticos, gobernadores, operadores y antiguos aliados del poder.
Hoy basta con que un nombre aparezca en el radar de Washington para que toda una carrera, una fortuna o una estructura política quede bajo amenaza. Ese es el verdadero asedio: no la invasión militar, sino la administración del miedo a través de expedientes, acusaciones y solicitudes que pueden activarse por las buenas o por las malas, según las necesidades políticas y judiciales de Estados Unidos.
Los problemas no se quitan por ignorarlos.
El problema que tenemos es que necesitamos autoridad, solvencia, estructura jurídica y capacidad real para defendernos frente a las acusaciones. Si no son verdad, tenemos la obligación colectiva e individual de combatirlas y defendernos. Tenemos que impedir que se normalice la mediatización completa de la política de nuestro país desde el exterior.
Si son verdad, no podemos negarnos a entregar a las personas que nos piden, siempre que las reclamaciones estén jurídicamente bien fundamentadas y se respeten los procedimientos legales. Lo que no podemos hacer es escondernos detrás del discurso soberanista cuando conviene y renunciar a construir una defensa seria cuando la realidad nos alcanza. Lo que no podemos es seguir proyectando y deseando el mundo que debería ser, siendo esclavos del mundo que es.
Hemos llegado a un momento en el que tenemos que ser conscientes de que así no hay quien gobierne. No me extraña que muchos de los potenciales acusados estén corriendo para prestar colaboración a las autoridades estadounidenses, tratando de evitar que su catástrofe personal sea mayor de lo que ya puede ser. En definitiva, no podemos seguir ignorando que vivimos bajo asedio.
De cualquier manera, el asedio al que está sometido el gobierno y, en particular, la presidenta Sheinbaum, envía una señal muy clara. Si de verdad quiere proteger a la familia López Obrador y preservar los cimientos políticos de lo que queda de la Cuarta Transformación, tanto en su primer como en su segundo piso, tiene muy poco margen de maniobra.
No parece tener otra opción que comenzar a entregar a quienes le exijan quienes hoy la mantienen bajo asedio.
