La resolución de la Suprema Corte que otorga “facultades discrecionales” a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pone en riesgo la certeza y la seguridad jurídica de empresas y personas, alertaron diputados federales del PAN y el PRI.
El que pueda congelar cuentas bancarias sólo por sospechas de un probable ilícito y con un castigo inmediato, “puede arruinar a cualquier ciudadano, empresario, empresa o familia”.
Por lo anterior, anunciaron que propondrán iniciativas de reformas para poner “candados” y establecer, por ejemplo, que, en un plazo máximo de 72 horas, se levante el bloqueo de cuentas bancarias si la UIF no presenta las pruebas suficientes”, explicó el vicecoordinador de Política Económica del grupo parlamentario del PAN, Saúl Téllez.
El panista rechazó la decisión de la Corte de congelar cuentas sin una orden judicial previa, porque “esta medida viola la presunción de inocencia, destroza el debido proceso y quita la certeza y la seguridad jurídica para empresas y para personas”.
“Convierte una simple sospecha en un castigo inmediato que pueda arruinar a cualquier ciudadano, empresario, empresa o familia, abre la puerta al abuso político y al uso discrecional y selectivo contra opositores o contra cualquier persona por mera sospecha. Es un golpe grave a la seguridad jurídica y al derecho de propiedad”, agregó.
Y como “sabemos que la Corte no va a cambiar su fallo, por eso vamos a presentar las iniciativas con reformas para ponerle candados a la actuación de la UIF, entre ellas que en un plazo máximo de 72 horas un juez ratifique el bloqueo o se levante de forma automática, si la UIF no da las pruebas suficientes; que se notifique de inmediato al afectado; la reparación del daño económico por el abuso del gobierno; y que haya informes mensuales de la actuación de la UIF y sobre bloqueos de cuentas.
“No permitiremos que, bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero del crimen organizado, se pueda instalar un control financiero autoritario y discrecional”, dijo.
El coordinador del PRI e integrante de la Comisión de Hacienda, Rubén Moreira, criticó que “la UIF no es juez y su actuación contra alguien sólo por parecer sospechoso atenta contra el derecho de propiedad, contra el debido proceso y en contra de la presunción de inocencia”.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, opinó que “no se trata de un fallo sesgado, sino una resolución judicial que se emitió conforme a la ley y la Constitución y debe de respetarse”.
