Las recientes reformas electorales no pueden ser leídas en sí mismas, de manera aislada, sino como parte de un proceso de nueve años que ha llevado a la reconfiguración del Estado en México, a cambiar su diseño democrático por uno que centra el poder en el Ejecutivo Federal, desconoce la diversidad y pluralidad, y restringe la competencia política.
Se consumaron las tres reformas electorales, la del Poder Judicial y las de “blindaje” a candidaturas y a los procesos electorales frente a la injerencia extranjera, mismas que serán aplicables al proceso electoral que empezará en septiembre y que tendrá el 6 de junio del próximo año la jornada electoral.
Y si bien esas reformas no tuvieron el alcance de lo que originalmente pretendía López Obrador, abren la puerta a la arbitrariedad en la calificación de las elecciones, alterando uno de los principios básicos por el que se luchó durante décadas, la certeza del respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Volveremos a que las elecciones sean un problema cuando habían dejado de serlo, es decir, al cuestionamiento de los resultados y a la pérdida de legitimidad de las autoridades y representantes resultantes de los comicios, al deterioro de la institucionalidad; de ahí venimos, al tiempo.
No es exagerado afirmar lo anterior, ya que lo que se buscaba durante el periodo de la “transición democrática” era el diseño de un Estado con equilibrio de poderes. Por lo tanto, un Congreso que representara la diversidad y la pluralidad existente, un Poder Judicial autónomo e independiente.
Además, se crearon instituciones con responsabilidades específicas para las que se requerían organismos autónomos, equidistantes de los otros poderes. Esto es para atender cuestiones tan sensibles como la organización de elecciones, acceso a la información pública, competencia económica, control de la inflación, entre otras. Se trataba de evitar la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública y de constituir un fuerte Estado de derecho.
La autodenominada 4T ha venido desmontando todo lo anterior; las reformas que la semana pasada se aprobaron deben leerse en ese código y con esa intención.
Vayamos por partes: anular una elección es de lo más delicado y las razones para ello deben estar bien delimitadas y acotadas; dejar abierta la norma da lugar a la arbitrariedad y a consideraciones que se sobrepongan a la votación. Ahora se podrán anular comicios por algo tan abstracto y no acotado como la injerencia extranjera.
La cuestión se agrava debido a que la reforma sólo quedó plasmada en la Constitución, pues la propuesta legal que delimitaría el alcance y definiría el procedimiento para su aplicación fue retirada por el promotor de la misma, Ricardo Monreal.
Al quedar abierta la norma, como bien señaló Olga Sánchez Cordero, deja en manos del tribunal electoral la interpretación y aplicación de la misma. Ya sabemos lo que esto puede implicar; para muestra está la sobrerrepresentación que el TEPJF regaló al actual bloque dominante, pasando por encima de cualquier consideración legal y democrática.
La otra reforma es igualmente delicada, con la intención, vamos a dejarlo en esos términos, de evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales; se abre la puerta para que el gobierno intervenga en la definición de candidaturas.
Los partidos políticos podrán presentar sus listas para que, a través del INE, instancias como la Fiscalía General de la República, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y hasta el Centro Nacional de Inteligencia revisen las trayectorias de las propuestas, derivándose de ello el que procedan o no.
La responsabilidad de postular candidaturas es de los partidos políticos o de la ciudadanía por la vía independiente, y las autoridades competentes deben proceder si detectan que cualquier persona, sea o no candidato, está vinculada a actividades ilícitas.
Mezclar en el mismo proceso las dos cuestiones abre la puerta a que, so pretexto de sospechas de criminalidad, se anulen candidaturas competitivas opositoras al gobierno en turno.
Por último, la reforma a la reforma judicial no toca el fondo —lo que urge, dada la evidencia diaria del deterioro del sistema de impartición de justicia—, sólo traslada la elección al 2028 y ajusta el procedimiento de elección de jueces y magistrados.
Como decíamos arriba, este conjunto de normas hay que leerlas en el código de la 4T, de un nuevo diseño del Estado mexicano, que concentra el poder en el Ejecutivo y que busca perpetuar a una parte de la sociedad representada en la actual coalición gobernante, desdibujando la pluralidad y la diversidad de la sociedad mexicana y poniendo más obstáculos a la competencia electoral.
La democracia mexicana pasó de estar en riesgo a estar seriamente vulnerada; los antidemócratas tienen ahora herramientas constitucionales y legales para imponerse contra la voluntad ciudadana.
