El caso de la gobernadora Maru Campos se ha presentado ante la opinión pública como un posible escándalo político. Sin embargo, mientras más se analiza jurídicamente el asunto, más evidente resulta que el verdadero problema no está en Chihuahua, sino en la relación entre México y Estados Unidos.
La discusión pública se ha centrado en si la gobernadora sabía o no que agentes extranjeros participaron en un operativo en la Sierra Tarahumara. Morena habla de posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, de soberanía e incluso de traición a la patria. Del otro lado, la oposición denuncia persecución política.
Pero entre ambas narrativas se está perdiendo de vista la pregunta más importante: ¿cómo llegaron agentes extranjeros a realizar labores operativas en territorio mexicano sin autorización del Gobierno federal? Ese debería ser el centro del debate.
La propia Presidencia de la República confirmó que los agentes no contaban con autorización para realizar actividades operativas en México y que incluso se les pidió abandonar el país. Si eso es cierto, entonces estamos frente a un problema de seguridad nacional y de coordinación bilateral, no necesariamente frente a una responsabilidad de la gobernadora de Chihuahua.
Nuestra legislación es muy clara. Ningún gobernador tiene facultades para autorizar que agentes extranjeros realicen labores de inteligencia u operaciones en territorio nacional. Esa atribución corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal.
Por eso he sostenido que, si Maru Campos sabía de la presencia de esos agentes y permitió su participación, evidentemente existiría un problema jurídico serio. Pero, hasta este momento, la gobernadora ha sostenido que no tenía conocimiento de ello y no existe información pública que demuestre lo contrario.
Por eso me parece que estamos viendo una discusión que mezcla política con derecho.
Se ha intentado comparar constantemente este caso con el de Rubén Rocha Moya, cuando jurídicamente se encuentran en etapas completamente distintas. En el caso de Rocha existe una solicitud de extradición derivada de una investigación que, para las autoridades estadounidenses, ya cuenta con elementos suficientes para abrir un proceso penal.
En el caso de Maru Campos, ni siquiera existe una imputación formal; apenas se desarrolla una investigación para determinar qué ocurrió y quién autorizó la presencia de los agentes extranjeros.
La comparación puede ser útil políticamente, pero no jurídicamente. Por eso sostengo que estamos frente a una crisis diplomática disfrazada de pleito partidista.
Mientras discutimos si una gobernadora compareció o no ante la Fiscalía, dejamos de analizar el fondo del problema: por qué agentes extranjeros estaban operando en México sin autorización y qué falló en los canales institucionales para evitarlo.
Porque, si de verdad queremos defender la soberanía, el debate no debería centrarse en construir culpables políticos antes de concluir las investigaciones. Debería centrarse en garantizar que ningún gobierno extranjero pueda actuar al margen de nuestras leyes.
