¿Cinco años después de la elección en el estado y casi dos del episodio de El Mayo Zambada no han dado elementos para que el Gabinete de Seguridad no encuentre elementos para investigar a Rocha Moya, Insunza y los otros ocho?
¿La Fiscalía General de la República no ha encontrado indicios de lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a solicitar la detención con fines de extradición?
Tampoco hizo nada la FGR cuando se descubrió el montaje de la Fiscalía local en torno al asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén.
Con las formas que utiliza Claudia Sheinbaum para interrumpir las preguntas de los reporteros, sostiene que las acusaciones se presentan cinco años después; miente. Desde el primer día se reveló el secuestro de operadores del PRI; el candidato Mario Zamora declaró que ningún abogado quiso tomar la defensa. Por entonces, más que presentar recursos, lo que se quería era salvar a los que habían sido secuestrados y cumplir la promesa de cerrar el tema.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo el martes que no hay ninguna investigación contra las autoridades de Sinaloa, lo cual no resulta extraño; es el estilo de la casa: absolver a todos los cercanos al obradorato.
Ejemplos, van tres. Luego del asesinato de Carlos Manzo, descartó el móvil político, a pesar de que el propio Manzo había mencionado a tres políticos que podrían atentar contra su vida.
Cuando el gobierno envió a Estados Unidos presos con procesos pendientes en México, se apresuró a liberar a la presidenta diciendo que fue una decisión del gabinete de seguridad. ¿Y quién preside dicho gabinete? ¿No la tomaron en cuenta?
En el mismo tenor fue absuelto el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, tanto por el exfiscal Gertz como por el propio García Harfuch.
Contra quienes siguen sosteniendo que García Harfuch tiene gran cartel en Estados Unidos, los hechos recientes confirman que hoy las agencias del vecino tienen su confianza en el Ejército y se debilita el secretario, pero eso ya lo veremos…
Pero si quieren pruebas contundentes, analicen el caso de la diputada local del PRI, Paola Gárate, quien denunció haber sido víctima de secuestro y extrema intimidación por parte de grupos armados durante las elecciones de 2021, cuando fue interceptada y secuestrada durante aproximadamente nueve horas junto con una colaboradora de su equipo. Sus captores le aseguraron que la elección ya estaba pactada en una elección que llevaría a Rocha Moya a la gubernatura.
Ahora bien, ya se ha dicho hasta la saciedad que el acuerdo bilateral establece que en la primera instancia se solicita la detención con fines de extradición y que hay un período de 60 días para presentar las PRUEBAS; si el juez la desestima, se deja en libertad a los señalados.
El Tratado de Extradición México-Estados Unidos fue firmado en 1978 y está vigente desde 1980. Obliga a ambos países a cooperar en la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos graves, constituyendo una herramienta fundamental de cooperación jurídica.
Toca a los especialistas determinar en qué momento la Presidencia de la República violaría la Constitución por el incumplimiento de un tratado o acuerdo internacional.
En este momento se podrá argumentar que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un comunicado a las autoridades estadounidenses para solicitar pruebas, a pesar de que la Corte Sur de Nueva York se ha apegado a los lineamientos solicitando la detención con fines de extradición, luego de que un jurado ciudadano analizó las pruebas que le presentó la fiscalía.
Pero después de las declaraciones del martes del secretario de Guerra y los directores del FBI y la DEA ante los legisladores, solo es el principio porque vienen más nombres, con la advertencia de que, si no los extraditan, vendrán por ellos.
