Sabemos que Trump tiene la idea equivocada de lo que es el comercio exterior, a pesar de que se graduó con un “major” en economía en sus estudios de Bachelor of Arts (el equivalente a licenciatura) en la Universidad de Pensilvania. Así, por ejemplo, a pesar de ser una ridiculez, considera que si Estados Unidos tiene un déficit comercial con algún otro país es porque los estadounidenses están otorgando un subsidio a este país por un monto equivalente.
Simplemente deseacha la teoría de las ventajas comparativas; en consecuencia, tampoco considera que el objetivo último del comercio exterior es importar aquellos bienes que costaría más producir internamente. Menos aún reconoce que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (de la cual la balanza comercial es una parte) es el resultado de que Estados Unidos es un receptor neto de flujos internacionales de capitales y del déficit fiscal en el que incurre.
Por otra parte, también sabemos que Trump utiliza instrumentos de política de comercio exterior, principalmente aranceles, para alcanzar objetivos que no tienen nada que ver con los flujos comerciales internacionales o su utilización con fines proteccionistas. Ejemplo de ello son los aranceles que impuso a las importaciones estadounidenses provenientes de Canadá y México como penalización por ser fuentes del fentanilo consumido en Estados Unidos.
A este personaje, con su visión distorsionada del comercio exterior, que considera que los aranceles son uno de los principales instrumentos para validar su lema “Hacer grande de nuevo a los Estados Unidos” (Make America Great Again), es con quien Canadá y México tienen que lidiar ahora que, a finales del mes de mayo, empiece la revisión formal del T-MEC. La revisión, que podría derivar en una complicada y muy incierta renegociación, parte de que Trump, a pesar de haber afirmado al momento de firmarlo que el acuerdo era el mejor del mundo, estaría, con un redoblado ánimo proteccionista (reflejado en que los aranceles especiales a automóviles, acero y aluminio seguirían vigentes), a que no se llegue a ningún acuerdo (por lo que habría revisiones anuales con toda la incertidumbre que ello generaría) o, en el extremo, cancelarlo, con lo cual quedaría vigente hasta 2036.
Hay además otros dos hechos que Trump considera como un agravio y que lo podrían inducir a asumir una posición más radical en la revisión/renegociación. El primero es respecto a la posición tomada por el primer ministro canadiense Mark Carney, que se reflejó en el discurso considerado como uno “anti Trump” que pronunció en la reunión anual del Foro Económico Mundial en febrero pasado y que posteriormente se materializó con su acercamiento hacia China.
El segundo es con México, cuyo gobierno, desde el de López, ha tomado decisiones que violentan el tratado mismo: la discriminación en contra de empresas privadas, incluidas las estadounidenses, en el sector energético; la desaparición de los órganos autónomos del Estado, particularmente Cofece e IFT; la prohibición en el uso de glifosato y, en paralelo, la reforma judicial que eliminó la independencia del Poder Judicial junto con las reformas a la Ley de Amparo.
Sin embargo, como si esto no fuese suficiente, lo que más altera a Trump es la percibida incapacidad y falta de voluntad del gobierno mexicano de enfrentar a los diferentes cárteles del crimen organizado, mismos que fueron declarados como organizaciones terroristas que ponen en peligro la seguridad nacional estadounidense, la persistencia de las exportaciones mexicanas de fentanilo declaradas como “arma química de destrucción masiva” y, para completar el círculo, la acusación de la liga entre estas organizaciones y diferentes funcionarios públicos federales, estatales y municipales emanados del partido en el poder, resumida en la reiterada frase del presidente estadounidense de que el crimen organizado “gobierna México”.
Y es aquí en donde entra el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (con licencia), y de otros nueve coacusados de estar al servicio del Cártel de Sinaloa, tal como se desprende de la acusación (indictment) para que sean detenidos temporalmente con fines de extradición. La petición la hace la oficina del fiscal federal del distrito sur de Nueva York, una de las principales oficinas regionales del Departamento de Justicia del gobierno estadounidense que está a cargo de los principales casos del crimen organizado, como son narcotráfico y lavado de dinero; no es cualquier “oficinita”, como la calificó la presidenta Sheinbaum.
La negativa por parte del gobierno mexicano de actuar y detener con fines de extradición al gobernador y coacusados, argumentando “falta de pruebas” y en abierta violación del tratado bilateral en la materia, es estar jugando con fuego. ¿Estará dispuesta la presidenta, al proteger al gobernador y hacer enfurecer a Trump, a poner en riesgo el T-MEC y matar la principal fuente de crecimiento económico y de modernización tecnológica de las últimas tres décadas? Ella debería, en este momento, actuar como jefa de Estado y no como jefa de partido, deteniendo a Rocha Moya y compañía y reducir así la probabilidad de que Trump use la revisión/renegociación como un instrumento de venganza.
