El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció el 10 de mayo ataques armados perpetrados contra comunidades indígenas de la región de la montaña baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez, presuntamente cometidos por Los Ardillos. No hay un saldo de muertos o heridos hasta el momento. Entre 800 y mil familias habrían sido desplazadas durante el fin de semana.
“Los ataques son ejecutados mediante el uso de armas de grueso calibre, drones utilizados para vigilancia y lanzamiento de artefactos explosivos”, dice el CNI citando a testimonios de los habitantes.
La organización indicó que el grupo de la delincuencia organizada “opera bajo esquemas tácticos de carácter paramilitar”.
Las comunidades afectadas pidieron ayuda al gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, para poder regresar a sus hogares.
¿Qué comunidades en Guerrero han sido atacadas por Los Ardillos?
El comunicado explica que desde el día miércoles 6 de mayo de 2026, Los Ardillos cometieron ataques en contra de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán.
Los ataques contra la población civil fueron denunciados el sábado 9 de mayo por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPG-EZ), en un comunicado para las organizaciones indígenas y de derechos humanos.
“Lanzamos un grito urgente de auxilio: más de mil familias estamos siendo desplazadas en este momento por los ataques del grupo criminal de Los Ardillos”, explicó una integrante de la comunidad.
Dichas familias “se encuentran en otras comunidades del CIPOG-EZ, que corren el mismo riesgo de ser atacadas; hoy 10 de mayo, los ataques continúan”.
🗳️📌NARCO HACE HUIR A FAMILIAS INDÍGENAS
¿Cómo responderá el Gobierno de Sheinbaum?
Familias indígenas de la Montaña baja de Guerrero denunciaron ataques armados y con drones.
Atribuyen la ofensiva al grupo criminal Los Ardillos.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero… pic.twitter.com/h5FdrxkFUx
— Juan Ortiz 🗳️👁🗨 (@Juan_OrtizMX) May 10, 2026
Denuncian negligencia de gobierno de Evelyn Salgado
El CNI, que integra a más de 40 naciones indígenas y grupos como el CIPOG-EZ, explicó que la escalada de violencia en el territorio ha generado terror, desplazamiento forzado y “un grave riesgo para la vida e integridad de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y autoridades tradicionales indígenas”.
El CNI recordó que la CNDH en 2021 emitió medidas cautelares a favor de los habitantes de las comunidades de Tula y Xicotlán, así como del Consejo Indígena Emiliano Zapata.
Sin embargo, denunciaron que el gobierno del Guerrero, encabezado por Evelin Salgado, es omiso en dar continuidad a dichas medidas.
“Estos hechos no son aislados, se inscriben en un patrón alarmante de agresiones generalizadas y sistemáticas contra quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos, así como contra comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad”, indicó el CNI.
Un clamor, desesperado, desde la Montaña de Guerrero. No es la derecha golpista, oportunista e hipócrita. Son familias nahuas que están siendo desplazadas en estos momentos por un cártel. Son la conciencia de un país. Imágenes del #Cipog-EZ. pic.twitter.com/jukShJSbET
— Zósimo Camacho Ibarra (@ZosimoCamacho) May 10, 2026
Añadió que resulta particularmente grave que, pese a las múltiples solicitudes realizadas, las autoridades competentes “hayan negado, retrasado o simplemente omitido la implementación de medidas de protección adecuadas, eficaces y oportunas”.
Asimismo, el Congreso Nacional Indígena exigió:
Que reconozca la grave crisis de violaciones a los derechos humanos por los que atraviesan las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ en el estado de Guerrero y que el gobierno del estado se empeña en ocultar.
- La identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión o complicidad.
- Revisar la actuación y responsabilidad del ejército mexicano que solo presenció los ataques, el desplazamiento y la entrada del grupo delincuencial a las comunidades sin hacer nada para detener a los atacantes.
- La implementación urgente de medidas de protección efectivas para personas defensoras de derechos humanos y comunidades en riesgo.
- Que se atienda de forma urgente el tema de las 800 familias desplazadas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán.
- La inmediata detención y desarticulación del grupo criminal, Los Ardillos, que ahora se vinculan a otros grupos criminales y recrudecen la violencia.
