El ecosistema científico mexicano se encuentra hoy en una encrucijada. Mientras la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca consolidar a México como una “potencia científica” mediante el Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (PSCHTI) 2025-2030, el marco legal que rige la materia —la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI), impusada por la administración de Andrés Manuel López Obrador y María Elena Álvarez Buylla— parece caminar en el sentido opuesto.
Esta contradicción no es solo teórica; este 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía previsto discutir una acción de inconstitucionalidad que podría determinar el futuro de la investigación en el país. Aunque el tema no se retomó en la sesión de ayer, la tensión entre el “espíritu” de la ley vigente y las metas del actual sexenio es evidente.
Carencias y rezagos
Para entender la urgencia de una política científica cohesionada, es necesario observar las cifras que el propio gobierno federal ha puesto sobre la mesa. México es actualmente la nación que menos invierte en términos relativos entre los países integrantes de la OCDE, con apenas el 0.26% del PIB destinado a la Investigación científica y Desarrollo Experimental (GIDE).
Esta falta de recursos se refleja en una comunidad científica que, aunque talentosa, es pequeña. Un país de más de 120 millones de habitantes, apenas tiene poco más de 200,000 personas con doctorado, lo que representa el 0.13% de la población de 25 años o más. En contraste, naciones como Brasil (0.28%) o Estados Unidos (2.19%) muestran brechas que comprometen la competitividad nacional.
El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) ha crecido, pasando de 30,548 integrantes en 2019 a 44,889 al primer trimestre de 2025. Sin embargo, este crecimiento del 43.8% se enfrenta a un cuello de botella: la mayoría de los investigadores están en etapas iniciales (24.7% candidatos y 52.4% en Nivel 1) y encuentran serias dificultades para insertarse en un mercado laboral que no ofrece suficientes plazas académicas.
El choque de visiones: ¿rectoría o colaboración?
La LGMHCTI, aprobada en mayo de 2023, nació bajo un paradigma de “innovación soberana”. Su estructura prioriza la rectoría absoluta del Estado y restringe drásticamente la relación con el sector privado. Puntos críticos como la eliminación de transferencias directas a empresas y la asimilación del personal de Centros Públicos de Investigación a “servidores públicos” han sido vistos como barreras para la agilidad científica.
En contraste, el Programa Sectorial 2025–2030, aprobado el 17 de septiembre de 2025, propone una ruta de apertura:
Reconocimiento de la desconexión: El programa admite una “débil vinculación” entre la academia y el sector productivo.
Socio activo: El plan de la presidenta Sheinbaum busca que las empresas participen en el escalamiento de tecnologías y la creación de empresas de base tecnológica (línea 5.1.5).
Financiamiento concurrente: mientras la Ley eliminó fideicomisos, el nuevo programa habla de apoyar la investigación mediante fuentes de financiamiento concurrentes y esquemas de cofinanciamiento (línea 6.3.10).
La igualdad en la mira de la Suprema Corte
El núcleo de la controversia que la SCJN debe resolver es la presunta violación a los principios de igualdad y no discriminación. Los accionantes argumentan que los artículos 33, 39, 41 y 42 de la Ley General hacen distinciones arbitrarias.
Bajo la Ley actual, pertenecer al sector privado es una condicionante que limita el acceso a becas y estímulos del SNII. Esto ignora una realidad estadística: la matrícula de posgrados en instituciones de educación superior (IES) privadas creció un 74% en la última década, mientras que en las IES públicas se observa un estancamiento. Actualmente, el 57% de los programas de posgrado en el país son particulares.
Excluir o segregar a estos estudiantes y académicos, como argumentan los legisladores que presentaron la acción de inconstitucionalidad, no solo vulnera el Artículo 1º Constitucional, sino que coarta la eficacia del derecho humano a la ciencia.
Escenarios: ¿qué pasará con la Ley de Ciencia?
Aunque la discusión se aplazó, la comunidad científica y los sectores involucrados vislumbran cuatro salidas jurídicas fundamentales para este conflicto:
Reconocimiento de validez: La Corte podría desestimar la acción, determinando que las distinciones entre lo público y lo privado son constitucionales bajo la potestad del Estado de administrar sus recursos. Esto dejaría la Ley actual intacta.
Invalidez total: Determinar que el proceso legislativo o el fondo de la Ley vulneran derechos humanos de forma sistémica, invalidándola por completo debido a errores de procedimiento o fondo.
Reviviscencia: Se anula la norma actual y se deja viva la ley anterior (de 2002) de forma temporal para evitar un vacío normativo, obligando a retomar viejos esquemas de coordinación.
Invalidez con orden de legislar: La SCJN anula los artículos impugnados y ordena al Congreso de la Unión emitir una nueva legislación que corrija las distinciones discriminatorias y se alinee con los principios de equidad educativa.
El Programa Sectorial 2025–2030 en realidad ya incluye una estrategia clara (la 6.1) para “actualizar el marco normativo”. Parece que, independientemente del sentido del fallo, la realidad de un México que solo absorbe al 24% de sus egresados de doctorado en el sistema de posgrados requiere una ley que, más que restringir, articule a todos los actores para enfrentar los desafíos nacionales.
Al cierre de 2024, en México había 39,206 personas con maestría o doctorado sin empleo o disponibles para trabajar. La solución a este desperdicio de talento nacional podría depender, en gran medida, de la flexibilidad del marco legal que la Suprema Corte tiene hoy bajo estudio.
