En estos días, tanto en Estados Unidos como en México, el tema es cómo el lavado de dinero afecta a los sistemas financieros, pero también cómo las medidas o leyes que se aplican pueden ayudar o llevar a la ruina a las instituciones financieras, ya que el reciente caso de la sanción a UBS por parte del FinCen mostró que la aplicación de distintas leyes a hechos parecidos, hacen una gran diferencia.
Así es, la semana pasada el FinCen que tiene al frente de manera interina a Jenna Casanova, luego de la salida a finales de julio de Andrea Gacki que se suma a las filas de Citi, originó en el sector financiero de ambos países, una serie de preguntas y desde luego, malos recuerdos y es que en temas de lavado de dinero hay una diferencia enorme en la aplicación de distintas leyes para esos temas, ya que, como se vio el año pasado en México, puede originar el cierre de instituciones que en nuestro país, cumplían con toda la regulación. Y eso explica, al menos jurídicamente, por qué un año después los casos de UBS y de CIBanco, Intercam y Vector tuvieron tratamientos tan distintos.
El 3 de agosto, FinCEN impuso a UBS Financial Services una multa de 125 millones de dólares por violaciones deliberadas a la Bank Secrecy Act (BSA). Es su segunda sanción: en 2018 había pagado 14.5 millones de dólares. Después, FinCEN encontró que UBS no monitoreó adecuadamente más de 50 mil transferencias de divisas por más de 10 mil millones de dólares, además de deficiencias en la debida diligencia de clientes de alto riesgo vinculados con Rusia y América Latina y cientos de reportes de operaciones sospechosas presentados tardíamente.
La respuesta del FinCen fue una multa, un lookback de operaciones, revisión independiente del programa AML y remediación. A diferencia de lo que sucedió con las instituciones mexicanas, UBS no fue aislado del sistema financiero, incluso el FinCEN contempla reducir hasta 15 millones de dólares de la sanción por los gastos de corregir las deficiencias. Así, las cosas.
Y es que, para las autoridades del vecino país, el caso mexicano fue diferente porque no se aplicó el esquema ordinario de sanciones bajo la BSA, sino que optó en junio de 2025 utilizar por primera vez la sección 2313a, incorporada por la FEND Off Fentanyl Act, para designar a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones de preocupación principal por lavado relacionado con tráfico ilícito de opioides y prohibir determinadas transferencias de fondos con ellas, lo que originó la salida de las tres instituciones.
Es cierto, hay una diferencia jurídica fundamental: UBS fue sancionado por incumplimientos de su programa de PLD; las instituciones mexicanas fueron objeto de una medida especial diseñada para cortar acceso financiero asociado con una amenaza específica de narcotráfico y terrorismo. Por eso no puede hablarse técnicamente de dos sanciones bajo la misma ley.
Pero eso precisamente genera preocupaciones en el sistema financiero mexicano, por la disparidad en la aplicación de leyes, porque en el caso de UBS tenía una reincidencia documentada y más de 10 mil millones de dólares en transferencias deficientemente monitoreadas, aun así, la respuesta fue correctiva y económica.
En México, la herramienta utilizada tuvo un efecto potencialmente mucho más disruptivo sobre las relaciones transfronterizas, al relacionarlas con temas de drogas, aun cuando a la fecha las autoridades mexicanas no castigaron a ninguna institución por apertura de cuentas a criminales.
Al final, todos tienen claro que se debe combatir el lavado, pero todos esperan la aplicación de las mismas reglas y leyes en mismos eventos, porque eso da mayor certidumbre a todos los países.
Más PLD hasta en nuevos productos
Y en todo ese ambiente de tensión, hay que sumarle que justo el viernes México elevó su propia vara en temas de PLD. Aunque se atrasó la publicación de las reformas, incumpliendo con los tiempos, es un hecho que ya están en vigor las reglas de carácter general de la LFPIORPI que ahora lleva el modelo hacia un enfoque basado en riesgos.
Las entidades financieras deberán evaluar riesgos antes de lanzar nuevos productos, canales o servicios y antes de dirigirse a nuevos tipos de clientes.
Y ahí, ahora todos entramos, porque para el cliente esto significa más información y más seguimiento de lo que hagamos, ahora nuestros expedientes ya no serán estáticos: habrá clasificación de riesgo bajo, medio y alto, con una evaluación al menos cada seis meses y con mayor frecuencia cuando el riesgo sea mayor.
Se considerarán elementos como actividad, nacionalidad, residencia, fuentes de ingreso y propósito de la relación. También se fortalece el perfil transaccional que deberá permitir detectar desviaciones en montos, frecuencia, formas de pago, periodos, instrumentos y zonas geográficas. Los avisos por sospecha podrán presentarse incluso cuando una operación no alcance el umbral económico correspondiente, siempre que existan datos que permitan identificar al cliente o a quien intentó realizarla.
El mensaje es claro: México está construyendo una arquitectura de PLD mucho más cercana a la lógica internacional de risk-based compliance. Habrá más datos, más monitoreo, más automatización y más responsabilidad para las instituciones. Con ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lleva Omar Reyes y la CNBV con Ángel Cabrera, tendrá más información y elementos, –esperan todos–, para prevenir y anticiparse y el sistema financiero mexicano sea un buen ejemplo, como ya la fue a nivel mundial, cuando de manera anticipada se aplicó Basilea III.
El caso de las nuevas reglas de prevención eran necesarias, ahora falta su correcta puesta en marcha, y eso ya lo iremos comprobando.
El costo de trabajar desde cualquier lugar
El trabajo remoto y los llamados nómadas digitales cambiaron las reglas del mercado laboral: hoy un profesionista puede vivir en México, trabajar para una empresa en Estados Unidos y cobrar en dólares. La paradoja es que mover ese dinero sigue siendo, en muchos casos, bastante menos eficiente que generarlo.
Entre bancos corresponsales, comisiones, conversiones de divisas y spreads cambiarios, el ingreso puede perder entre 3 y 8 por ciento antes de llegar a las manos del profesionista. Para quien recibe 3 mil dólares mensuales, hablamos de hasta 240 dólares que se evaporan en cada transferencia. A cinco años, el costo puede superar los 14 mil dólares.
Por eso empiezan a ganar terreno soluciones financieras diseñadas para una fuerza laboral que ya no está atada a una oficina ni a un país. Un ejemplo es Morse, fundada por Mike Hudack y Simon Amor, que ofrece cuentas en dólares con acceso a la red ACH de Estados Unidos, reduciendo intermediarios y permitiendo decidir cuándo convertir los recursos a pesos.
Y es que desde luego nunca había sido tan fácil para un profesionista en Latinoamérica trabajar para empresas del extranjero y cobrar en dólares, pero también es común perder parte de ese ingreso antes de poder usarlo. El punto de fondo es financiero: México exporta talento, pero todavía importa infraestructura para cobrarlo eficientemente. Para los nómadas digitales, elegir dónde vivir ya es una decisión; elegir cómo cobrar, también. Y en esa elección, las comisiones pueden convertirse en un impuesto silencioso al trabajo global.
Si la región ya compite globalmente por su capital humano, necesita herramientas que permitan a sus profesionales conservar una mayor parte de lo que generan y ahí la competencia ya empieza también en la forma en que se envían esos pagos.
Más clústers en Querétaro
Es un hecho, que el estado gobernado por Mauricio Kuri ha logrado convertirse en la última década en punto de referencia para empresas nacionales e internacionales. Ahí están los principales centros operativos por ejemplo de Santander que atiende con su call center a varios países; también los centros de datos que han puesto su interés en la entidad y ya es Querétaro el punto de encuentro de una nueva estrategia para competir por inversión. Durante el Primer Congreso Nacional de Clústers México 2026, encabezado por el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, quedó claro que los clústeres dejaron de ser simples agrupaciones empresariales para convertirse en una pieza central de la estrategia industrial y ahí hasta la Cepal coincide que los clústeres deben convertirse en un eje de las políticas de desarrollo productivo de América Latina.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.
