Un secretario de Estado, cuatro directores de la Agencia Nacional Aduanera, un general, un vicealmirante y un contralmirante, 10 funcionarios y siete empresas realizaron, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mayor saqueo jamás realizado a la nación: el contrabando de combustible. Y todos, salvo uno, están libres –o bajo proceso–, y ninguno de los más altos mandos involucrados tiene carpetas de investigación abiertas. El encubrimiento es insultante; la impunidad, total.
Durante al menos cinco años, revela una investigación de Alejandro Melgoza y Williams Castañeda, de la Unidad de Periodismo de Investigación de N+ Focus, empresarios, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas traficaron millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México a través de una red criminal operada por ocho empresas, tres mandos medios –entre militares, marinos y civiles– y los titulares de seis aduanas, con lo que lograron introducir al menos 31 buques entre 2024 y 2025.
Las figuras más importantes que cubrieron esa compleja red de corrupción en las aduanas, y que permanecen judicialmente blindadas, son: el exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, que vive en un condominio de 15 millones de pesos en Cancún; Rafael Marín Mollinedo, dos veces director de la Agencia Nacional de Aduanas en los dos gobiernos obradoristas; los otros tres extitulares: Horacio Duarte, secretario general de Gobierno en Estado de México; Ricardo Peralta, representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, y el general retirado André Foullon.
La investigación de Melgoza y Castañeda se basa en documentos judiciales y material de inteligencia que muestran que la complicidad de los funcionarios públicos “resultó un elemento esencial para el éxito de este esquema delictivo”. Se puede argumentar, por una parte, que el descubrimiento del multimillonario negocio del contrabando fiscal en marzo de 2025, cuando la Marina detectó en marzo del año pasado el buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, el puerto tamaulipeco por excelencia del tratado comercial norteamericano, con alrededor de 20 millones de litros de diésel importado ilegalmente como aditivo.
La Agencia Nacional de Aduanas, que tiene su sede en la Ciudad de México, controla el acceso a puertos y, de acuerdo con los documentos e informes de inteligencia a los que tuvieron acceso, permitió el ingreso del combustible traficado desde Estados Unidos. Solo en Altamira, a 40 kilómetros al norte de Tampico, durante la gestión del general Foullon ingresaron al menos 20 buques con combustible ilegal que venían declarados como aceites; en un año, la corrupción superó los 24 millones de pesos. El entonces director de investigación aduanera en Altamira, el general Ernesto Vadillo, actualmente dirige aduanas fronterizas.
La investigación de N+ Focus señala que continuaron entrando buques en la administración de Marín Mollinedo, que estuvo primero entre diciembre de 2022 y junio de 2023, y regresó en febrero de 2025 acompañado de Tonatiuh Márquez, encargado de los semáforos aduanales y de ordenar y practicar revisiones e inspecciones a mercancías de importación y exportación. Tan solo durante el primer mes de la gestión de Márquez, ingresaron 10 buques vinculados a esta red criminal. El negocio ilegal se interrumpió en diciembre pasado, cuando coincidió con la cancelación de su visa a Estados Unidos y con revelaciones en la prensa sobre las inconsistencias de su patrimonio. Marín Mollinedo solamente lo separó de su cargo.
Los sobornos alcanzaban a decenas de funcionarios aduanales de Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Pantaco y AICM, en la CDMX; Guaymas, Sonora; Tampico, Tamaulipas, y Veracruz, que iban desde la titularidad hasta las jefaturas de departamento. Los nombres de los administradores en varias de las aduanas mencionadas por Melgoza y Castañeda fueron mencionados en este espacio hace tres semanas, como parte de la corrupción durante la gestión de Duarte.
Los dos sobrinos políticos del almirante Ojeda figuran en esta red, el almirante Fernando Farías Laguna y el contralmirante Manuel Farías Laguna, que fueron procesados por el decomiso en Altamira del año pasado. El primero se encuentra prófugo y el segundo está en la cárcel. También está el general Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, que fue relevado de su cargo en enero, al ser sustituido por Yasser Omar Tiburcio Alemán, que es también encargado del despacho de la Aduana de Ciudad Juárez, donde el subdirector es Rafael Buenrostro Marín, muy cercano a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y denunciado en los medios de haber tenido relación con Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol.
La investigación periodística establece la relación de siete empresas –algunas de ellas mencionadas en medios previamente como parte del entramado del contrabando de combustible–, en donde destacan Hevi Transport LLC, que en sociedad con Rockbridge Petroleum LLC y Grey Oak Supply and Trade LLC, con sede en California y Texas, respectivamente, representaban el primer eslabón en la red de complicidades al servir como proveedoras del combustible traficado hacia México.
La importación corría a cargo de Intanza S.A. de C.V., propiedad de Ricardo Ayón y Ramiro Rocha, mientras la transportación se realizaba en pipas de Mefra Fletes y Autolíneas Roca, de José René Tijerina y Roberto Blanco, el llamado Señor de los buques, cuyos nombres emergieron a la opinión pública como secuela de la investigación del buque Challenge Procyon, asegurado en Altamira. Otra empresa, Enerpol S.A. de C.V., del Grupo Portimex, cuya sede está en la Ciudad de México y dedicada a los fletes marítimos, se encargaba de la logística. La autorización para el ingreso de los buques la daba Luis Omar Chong, de la agencia naviera Altamarítima S.A. de C.V.
Hace un año y una semana se aseguró al Challenge Procyon, que parecía iba a ser el principio de la batalla contra el contrabando fiscal. No fue así. Las investigaciones se suspendieron desde septiembre y fue uno de los puntos de conflicto que propició la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General. Se tenía previsto detener a una treintena de marinos, pero tampoco se concretó.
Varios de los nombres que se dieron a conocer en su momento, como los de los sobrinos políticos del almirante Ojeda, se debieron a la presión de Estados Unidos, que les tenía el ojo puesto. También estaban en la investigación un hijo del expresidente y el empresario Raúl Rocha Cantú. Todo se apagó.
