Desde hace unos años, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de edad por parte de grupos del crimen organizado ha ido en aumento. Frente a este fenómeno, las políticas de prevención e intervención —federal, estatal y local— han sido muy escasas y poco efectivas. A su vez, los procesos institucionales para gestionar mecanismos de investigación más eficaces contra los reclutadores no han sido efectivos, ya que en la mayoría de los casos no se captura ni se sanciona a los reclutadores y tampoco se han logrado concretar políticas públicas de prevención que estén a la altura de las circunstancias. Aunado a esto, México no cuenta con una tipificación penal autónoma frente a este delito, exigencia que con los años se ha hecho cada vez más insistente por parte de organizaciones civiles que observan este fenómeno, lo cual contribuiría a definir de forma precisa el delito de reclutamiento forzado y obligaría a las instituciones a investigar el proceso de captación y utilización y no el delito cometido por un menor al final.
Este escenario es preocupante e irá en aumento si no se logran conjugar esfuerzos institucionales y consensos sociales más solidarios frente a este problema. Para tener una idea de la gravedad, se estima que aproximadamente entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos, de acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia. No existe, hasta 2026, una cifra oficial del número de niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen, pero las estimaciones del riesgo son una aproximación del tamaño del problema.
En fechas recientes, el caso de Jalisco cobra mucha relevancia, ya que, si bien es cierto que existen reportes del fenómeno de reclutamiento de menores en otras zonas del país desde hace más de una década, los casos y la recurrencia revelan procesos de reclutamiento que vale la pena analizar más a fondo. El caso de Jalisco es relevante por varias razones, que se pueden observar en algunos otros estados del país, donde se evidencia un cambio de modus operandi del reclutamiento por grupos del crimen organizado. Las redes sociales, en efecto, continúan siendo un medio muy efectivo para enganchar a jóvenes entre los 13 a los 17 años, donde ofertas de trabajo engañosas o relaciones virtuales encubiertas son medios efectivos para reclutar jóvenes mediante distintas plataformas. Por otra parte, puntos de encuentro en espacios públicos hacen más efectivo el proceso de reclutamiento, mismo que ya no solo opera en estaciones de autobuses, sino en plazas, parques, comercios o centros comerciales, donde el “enganche” pasa desapercibido.
En este sentido, ya no necesariamente interfiere un adulto en el proceso, sino menores de edad, quienes reclutan a sus pares en lugares de coincidencia como escuelas o espacios recreativos. Esto modifica no solo la lógica del reclutamiento, sino el perfil de los jóvenes que son reclutados por la fuerza o porque deciden unirse a grupos criminales. Esto evidencia algo importante: a los grupos criminales les interesa reclutar jóvenes por las ventajas operativas que representan, ya que pueden recibir salarios bajos y pueden ser desechados y reemplazados fácilmente. Por otra parte, aprovechan los vacíos legales, donde operar impunemente, y se enfocan en espacios de vulnerabilidad y marginalidad social y emocional.
Es importante señalar que el reclutamiento criminal también se reproduce en entornos familiares y cercanos a menores de edad, pero también en espacios no vinculados con lógicas criminales, lo cual hace que la mano de obra de grupos criminales crezca a partir de necesidades específicas. En últimas fechas, los campos de adiestramiento han sido la prueba de ello, donde jóvenes son privados de su libertad, adoctrinados, deshumanizados, entrenados y utilizados para acciones específicas: halcones, secuestros, ejecuciones, entre otras funciones. Este es un panorama devastador si no se crean consensos para llevar a cabo políticas públicas de prevención, herramientas legales que solventen vacíos legales del Estado y, a su vez, una corresponsabilidad compartida por parte de la sociedad para generar espacios seguros, de cuidado y acompañamiento a cientos de jóvenes que hoy se encuentran en riesgo y sin saber cómo o a quién recurrir. Tenemos que crear conciencia. Necesitamos comprender que la infancia no debe ser una fuente de recursos para las organizaciones criminales, sino una etapa que la sociedad entera tiene la obligación de proteger. Combatir el reclutamiento infantil no significa solamente rescatar a quienes ya fueron captados; significa impedir que otro niño o niña sea captado hoy. La responsabilidad es colectiva: proteger a una infancia de la violencia es proteger el futuro de toda la sociedad. Las familias, las escuelas, las comunidades, los medios de comunicación y cada miembro de la sociedad pueden contribuir a identificar señales de riesgo, proteger a niñas, niños y adolescentes, evitar su estigmatización y denunciar situaciones de captación o explotación. Podemos hacer que las cosas cambien, haciendo comunidad
