Durante años, en México identificamos el huachicol con la perforación clandestina de ductos, el robo de pipas y la venta ilegal de gasolina, diésel o turbosina. Esa modalidad no ha desaparecido, aunque hoy tenga menor presencia en la conversación pública. Lo que ha ganado terreno es otra forma de negocio ilícito: el huachicol fiscal.
La diferencia es importante. En el huachicol tradicional, el combustible es sustraído directamente de instalaciones o transportes de Pemex. En el huachicol fiscal, el producto ingresa al país mediante contrabando: se importan gasolinas o diésel, pero se declaran ante la autoridad como aceites, lubricantes u otros derivados con una carga tributaria menor.
El objetivo es evadir impuestos y colocar el combustible en el mercado a un precio artificialmente bajo. Jurídicamente, no estamos ante un simple “robo de gasolina”, sino ante esquemas de contrabando, falsedad documental, corrupción de autoridades y operaciones de delincuencia organizada.
El combate al robo de ductos redujo la visibilidad de aquellas escenas de explosiones, tomas clandestinas y tragedias humanas. Sin embargo, disminuir una modalidad del delito no significa haber desarticulado las redes criminales que se beneficiaban del comercio ilícito de combustibles. Quienes antes obtenían combustible robado encontraron en la apertura comercial una vía distinta para conseguir el mismo resultado: vender hidrocarburos ilegales por debajo del precio de quienes sí cumplen con la ley.
En este contexto, un elemento que no puede ignorarse es la crítica situación financiera y operativa de Pemex, sumada a las decisiones de política energética de los últimos años. Cuando la producción, refinación y distribución nacionales no alcanzan para sostener el mercado en condiciones competitivas, aumenta la necesidad de importar. Estas dificultades generan vulnerabilidades que las redes criminales aprovechan deliberadamente para cometer contrabando, corromper autoridades y evadir sus obligaciones fiscales.
El huachicol fiscal no solo habla de corrupción; también habla de un mercado de combustibles que dejó de funcionar correctamente.
Por eso, la respuesta del Estado no puede limitarse a cateos, decomisos y detenciones. La persecución penal es indispensable y debe alcanzar tanto a quienes introducen ilegalmente el combustible como a las autoridades aduanales que permiten su ingreso y a las empresas que lo compran con pleno conocimiento de su origen.
Mientras persistan las fallas institucionales en el combate al contrabando, el Estado seguirá persiguiendo las consecuencias sin resolver todas las condiciones que permiten su expansión.
El combate al huachicol fiscal también exige revisar la política tributaria, la capacidad operativa de Pemex, los controles aduaneros y las condiciones reales de competencia, sin que ninguna falla institucional atenúe la responsabilidad de quienes participan deliberadamente en estas conductas.
