Escribo esto antes de conocer lo que se trató el día de ayer en la reunión entre Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer, el representante comercial del gobierno de Trump (USTR). La visita del funcionario estadounidense se da en el marco de la segunda ronda de conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC. Se sabe que Greer tiene una larga lista de cerca de 50 temas de lo que preocupa a Estados Unidos, para ser revisados, discutidos y eventualmente negociados con México. Hasta ahora, se han conocido algunos de esa lista en forma aislada, pero no se ha difundido la lista completa, aunque el USTR acaba de publicar su reporte exhaustivo de 2026 sobre las barreras al comercio exterior. Por mencionar las preocupaciones más recurrentes, se han mencionado las que se refieren al sector energético, al automotriz, al agrícola (tomate), al glifosato, acero y aluminio, y política laboral.
Entre otros temas igualmente relevantes para la revisión (y negociación), menciono dos que no han recibido la atención necesaria por parte del equipo de Ebrard; al menos no lo han expresado públicamente. Primero, Estados Unidos considera que la operación de las aduanas mexicanas es un obstáculo para las exportaciones estadounidenses, ya que agrega incertidumbre. Denuncian que el sistema tiene fallas e inconsistencias y que México adopta cambios normativos sin una notificación con suficiente antelación. Fue el caso de la adopción, a partir de enero de este año, de las enmiendas a la Ley de Aduanas. Además, el USTR subraya que las autoridades mexicanas unilateralmente endurecieron la capacidad para retener o incautar mercancías. Asimismo, es preocupante que se ha dado una reducción en el número de agentes aduanales y que el proceso de certificación para nuevos agentes permanece cerrado desde 2023. También señalan barreras arbitrarias de logística que dificultan una planeación eficiente del transporte, lo que contraviene lo expresado en el actual T-MEC. Claramente, las arbitrariedades y discrecionalidades favorecen la corrupción. El origen de los obstáculos se remite a que se le dio el control y manejo de las aduanas a la Secretaría de Marina, que carece totalmente de la capacidad y conocimientos para ello.
Segundo, la semana pasada en este espacio expuse las prácticas monopólicas de la empresa estatal de la SEDENA para operar actividades turísticas que deberían ser de la iniciativa privada. A este respecto, el T-MEC contiene disposiciones relacionadas con prácticas antimonopolio, pero no en el sentido de una “ley supranacional” directa contra monopolios. Más bien, establece obligaciones para que cada país tenga y aplique sus propias leyes y políticas de competencia (capítulo 21), mencionando desde luego que una agencia antimonopolio independiente es lo óptimo. Pero en México desapareció la COFECE autónoma y ahora la nueva comisión depende de la Secretaría de Economía. Asimismo, el T-MEC también aborda en el capítulo 22 lo relativo a monopolios y empresas del Estado, en el sentido de que no deben adoptar acciones desleales frente a privados. Ello implica una profunda revisión a varias operaciones de PEMEX, CFE y la aludida empresa de la SEDENA, que constantemente han violado el acuerdo.
Son dos temas que no han recibido mucha difusión pública, pero que deberán ser abordados a fondo en las discusiones del T-MEC.
