En toda Europa, los gobiernos se están replanteando su relación con la plataforma Palantir. El servicio de inteligencia interior francés la ha sustituido por un proveedor nacional. España ha ordenado a sus empresas públicas que dejen de firmar contratos con la compañía. El ejército suizo la rechazó de plano, el Parlamento británico quiere expulsarla del sistema nacional de salud (NHS). En Alemania, el Tribunal Constitucional derogó las leyes sobre funciones policiales que permitían a dos estados federados utilizar su tecnología.
